En este sexenio se ha incrementado de manera sustancial el número de quejas por desapariciones forzadas y políticas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

En el Día Internacional del Desaparecido, demandó a las autoridades cumplir con su deber de investigar plenamente estos hechos.

En entrevista tras la firma de un convenio con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ombudsman nacional recalcó que ante las miles de desapariciones denunciadas en años recientes, las autoridades tienen la obligación de indagar de manera plena a los responsables, llevarlos ante los tribunales y sancionarlos. Es la mejor forma de prevenir y evitar la repetición de los hechos.

Como publicó el lunes pasado La Jornada, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos calcula que en lo que va del sexenio de Felipe Calderón han desaparecido más de 3 mil personas: 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionados con trata de personas, y 2 mil 100 por el narcotráfico.

Plascencia aseguró que si bien en muchas de estas desapariciones están involucrados miembros del crimen organizado, en otros casos también son responsables servidores públicos.

Sigue la impunidad

Se refirió a la impunidad en que permanecen las más de 500 desapariciones forzadas durante el periodo de la llamada guerra sucia en México. A propósito de este día (internacional del desaparecido), es muy importante que el gobierno pueda recordar que está abierto y pendiente ese capítulo de la justicia, cuyo avance no logró satisfacer plenamente a deudos y víctimas. Es fundamental que estos casos se retomen y se haga justicia, señaló.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco –secuestrado en Guerrero por militares–, donde el tribunal internacional concluyó que se violaron los derechos humanos de la víctima y pide investigaciones, sanciones, reconocimiento público del hecho y reparación del daño.

El caso de Radilla viene de la década de los 70; es un capítulo abierto de la justicia y está por vencer el plazo que dio la CIDH para el cumplimiento de la sentencia; esperemos que (México) pueda dar a la Corte pruebas de que ha acatado.