Venga por la renta. Aquí la estamos esperando, le dijeron el pasado 16 de julio a la abogada Emma Laura Ramírez Mandujano, propietaria de tres casas en Colima. Las había alquilado a trabajadores del Grupo Minero Alondrita de Sonora. Pero no pagaban. Tenían seis meses de adeudo. El anuncio de la liquidación había esperanzado a la familia. Al llegar, Emma fue levantada. Sus inquilinos desaparecieron. Y su coche fue encontrado quemado horas después, sin rastro de ella.

Parece una novela negra, pero la realidad que vive México en torno a las 3 mil desapariciones forzadas registradas durante la administración de Felipe Calderón supera la ficción: Uno ya no sabe a quién le renta. Les rentamos de buena fe porque supuestamente estos hombres pertenecían a una empresa. Ahora resulta que la empresa era fantasma y que los mismos policías están involucrados, dice la hija de Emma, Laura Dávalos Ramírez, que ha conseguido averiguar más sobre la desaparición de su madre que la policía de Colima, la cual ha ignorado el caso.

El Grupo Minero Alondrita está asociado con el Grupo Hufer. Ambos son de Sonora. El director, Miguel Medina Estrella; el gerente, Enrique Belis, y las secretarias, Ana de la Cruz Moreno y Alba Larios Tejada, se esfumaron de Colima el mismo día de la desaparición de Emma: Un testigo me dijo que mi mamá iba conduciendo rumbo a la casa donde supuestamente le iban a pagar la renta. Un motociclista con un copiloto le chocan por la parte de atrás. Ella se detiene y uno de los hombres sube al coche indicándole que continúe, mientras la motocicleta la sigue. Eso es todo lo que sabemos. Luego desapareció. Yo creo que se la llevaron porque no somos dejados. Mi mamá tiene su carácter y les cobraba la renta constantemente porque nos debían seis meses. El problema es que en México uno ya no puede exigir lo que le corresponde porque no sabes con quién te vas a meter.

Drama familiar

Laura y su hermano viven un verdadero drama. Hace un año siete meses su padre fue asesinado frente a su casa. Un crimen aún sin resolver: Pienso que todo está entrelazado. Pero no comprendo por qué se llevaron a mi madre ni dónde la tienen. Pude averiguar a través de su teléfono el registro de llamadas por donde la llevaban en la carretera y otros lugares. La policía de Colima y el procurador Arturo Díaz Rivera nunca investigaron nada. Ahora la gente se ha alejado. Dicen que nos ha pasado esto porque estamos metidos. Pero no es cierto. Esto le pasa a cualquiera que tenga negocio, que tenga un patrimonio por su trabajo. Cualquiera se siente con derecho de desaparecer a otra persona si sabe que tendrá impunidad.

Emma Laura tiene 10 hermanos y su padre de 87 años está desolado: “Dice que lo único que puede hacer es rezar por ella –comenta Margarita Ramírez Mandujano, hermana mayor de la desaparecida–. Nos encontramos con la indiferencia de las autoridades. Nadie hace nada, ni la policía, ni la procuraduría. No sabemos si es por miedo o complicidad”.

En el último mes han buscado a su hermana en varios anfiteatros, pero el caos y la desorganización que impera en los servicios médicos forenses del país, con el exceso de cadáveres y sin un sistema de identificación nacional de desaparecidos, dificultó la tarea: Nos dijeron que habían encontrado un cuerpo de mujer en la presa del Infiernillo. Nunca logramos dar con el Semefo que tenía el cuerpo. Nos dijeron que estaba en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Ario de Rosales, y nada. Todo era un caos.

Los Antonios

En la mayoría de las desapariciones denunciadas durante la administración de Felipe Calderón están involucradas directa o indirectamente las policías municipales, estatales, el Ejército, la Marina y la Policía Federal, según afirma Judith Galarza Campos, secretaria ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). ¿Quién desaparece más: el crimen organizado o las fuerzas de seguridad? Son los mismos. Sucede como en Colombia. Cuando llegaba el ejército a una población y se ponían un gafete en el brazo de paramilitares, para perpetrar las masacres, y luego se lo quitaban y volvían a ser militares del ejército. Aquí pasa igual. Repito: son los mismos.

En la desaparición de Antonio Verástegui González y su hijo Antonio Verástegui Escobedo, residentes de Parras de la Fuente, Coahuila, participó a plena luz del día un comando de hombres encapuchados con armas largas que viajaba en cuatro camionetas blancas pick-up de reciente modelo. Los sujetos montaron un retén en la carretera. Antonio y su hijo acudieron el 24 de enero del año pasado a una levantada de Niño Dios en El Cadillal, una población ubicada a 12 kilómetros de Parras.

La licenciada Emma Laura Ramírez Mandujano, levantada en Colima

“Cuando regresaban junto a todos los invitados –cuenta Yolanda Verástegui, hermana y tía de los desaparecidos–, los encapuchados paraban a todo el que pasaba. A algunos les robaban sus pertenencias, a otros los manoseaban e incluso los golpeaban. Dicen los testigos que preguntaron por ‘unos Verástegui’. Alguien los señaló con el dedo y los hombres encapuchados echaron a mi hermano y su hijo a una camioneta. Uno de los secuestradores habló por celular y dijo: ‘Ya tenemos aquí el gancho’. Y se los llevaron. Desde entonces no sabemos nada de ellos.”

Los delincuentes se llevaron la camioneta de Antonio. La familia interpuso todas las denuncias posibles. Acudieron a las tres corporaciones de policía: municipal, estatal y federal: Casualmente ese día las policías estaban cerradas. Y una grúa manejada por un agente recogió una camioneta que los secuestradores dejaron para llevarse la camioneta de mi hermano. Ese vehículo incautado por la propia policía desapareció. Y nadie investigó nada. Por eso creemos que las tres corporaciones estaban enteradas del retén y de lo que iban a hacer los delincuentes.

Antonio tenía una tienda de Diconsa y su hijo estudiaba en el Tecnológico de Saltillo. Ambos están identificados por la gente del pueblo como hombres honestos y trabajadores: Ellos no tenían problemas con nadie. Todo Parras se quedó consternado. El mismo comandante de la ministerial nos aseguró que ellos iban a aparecer porque ellos no están metidos en nada malo. Pero nunca hicieron nada, al contrario, luego hemos sabido que ellos mismos ayudaron a los delincuentes.

Ninguno de los dos tenía propiedades o riqueza: “Por dinero no se los llevaron –afirma Yolanda, sin poder contener el llanto–. Nunca pidieron rescate. Nosotros casi nos volvemos locos. Mi mamá, mi cuñada, y yo estamos con siquiatra y medicamentos. Nos caemos. Nos levantamos. Y seguimos luchando. Nuestra fe es más fuerte. Creemos más en Dios que en las autoridades. Todos los días salimos volteando a un lado y al otro. Buscándolos en la carretera, en el súper, en la plaza… en todas partes”.

Yolanda y su familia piensan que en la desaparición de su hermano y su sobrino está involucrado un político poderoso. En uno de los poblados donde llegó el mismo comando a realizar un retén, uno se envalentonó y le quitó la capucha a un delincuente y se dieron cuenta que era del mismo lugar: “Aquí no hay zetas. Son los mismos manejados por ese político poderoso que hace y deshace en Parras, Coahuila, con total impunidad. Tenemos miedo, pero tampoco nos podemos quedar callados ni quietos. Los buscamos y los seguiremos buscando hasta que aparezcan”.

El mismo método

Muchas de las desapariciones que están ocurriendo no son denunciadas, por la intimidación contra los familiares, según comenta Judith Galarza Campos, de Fedefam: “Las mismas estrategias que en México se usaron en la época de los 70 para las desapariciones forzadas por razones políticas se están utilizando ahora. Nada ha variado. Recordemos que la Brigada Blanca entrenada en la Escuela de las Américas ubicada en Georgia, en Estados Unidos, pasó a engrosar la delincuencia organizada. Por eso son los mismos”.

A pesar de que actualmente la mayoría de las desapariciones ocurren sin el pretexto del cariz político, Galarza Campos afirma que siguen desapareciendo personas por razones ideológicas: “Sabemos que hay un montón de desapariciones por la supuesta justificación de lucha contra el narcotráfico, pero también se están dando desapariciones por razones políticas. Es más grave. Aprovechando esta guerra contra los cárteles de la droga se está mezclando todo”.

Para la Fedefam el gobierno de Felipe Calderón esta cometiendo un delito de lesa humanidad y crimen de Estado con las 3 mil desapariciones registradas durante su administración: Y nos hemos quedado cortos con esa cifra. Son muchos más. Miles más, pero ninguna institución nos da cifras.