Las modificaciones a legislaciones locales emprendidas por sectores conservadores del país, en respuesta a la despenalización del aborto en la ciudad de México, advierten que a las mujeres podrían esperarles años difíciles de no garantizárseles jurídicamente los derechos a decidir sobre su propio cuerpo, consideraron participantes en el seminario Protección a la Vida, aborto y derechos humanos.

María Luisa Sánchez Fuentes, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), manifestó que lograr la despenalización de la interrupción del embarazo, en abril de 2007, generó preocupación por la serie de reformas que han aplicado legisladores locales en 15 estados del país para proteger a la vida.

Además, dijo, se criminaliza a la mujer con leyes locales, como ocurrió en Guanajuato, donde como política de estado han sentenciado a mujeres, aprovechándose del marco de la ley para tergiversar su contenido.

A su vez, el especialista Miguel Carbonell señaló que en la defensa de los derechos de la mujer el principio de dignidad humana bien realizado y bien construido jurídicamente abre la posibilidad de darle un significado pleno a cada vida humana.