Navi Pillay, titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron enérgicamente la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, México.

Por separado esas instancias internacionales demandaron al gobierno mexicano el esclarecimiento de los hechos, castigar a los criminales y tomar acciones para proteger a los migrantes en su paso por territorio nacional. Remarcaron que el hecho no debe quedar impune, pues daría pie a que se repitiera.

Pillay precisó que estoy profundamente consternada ante estos asesinatos, que evidencian la situación crítica de las personas migrantes en el país. Recordó que el año pasado el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes tasó en 400 mil los migrantes que transitan por México al año, y que la mayoría es víctima de redes trasnacionales de contrabando, trata de personas y tráfico de drogas; muchos de esos migrantes nunca alcanzan sus destinos.

Exhortó al gobierno mexicano a emprender con carácter de urgente una investigación profunda, transparente e independiente de estos asesinatos y a preservar la dignidad de las víctimas asegurando su identificación y devolución a sus familias, en su país de origen.

Remarcó que es indispensable castigar a los culpables y adoptar medidas preventivas. Asegurarse que no haya impunidad es crucial para evitar la repetición de estos crímenes terribles.

La CIDH expresó su más profunda preocupación por la matanza de inmigrantes ocurrida en México y llamó al Estado a adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como proteger a los migrantes en tránsito. Expresó que la situación de éstos es un tema de alta preocupación para el organismo.

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, destacó la necesidad de coordinar en la región la lucha contra el crimen trasnacional, además de unirse a los reclamos de la CIDH para que la masacre sea esclarecida.

“Este trágico episodio refleja la confluencia de dos fenómenos que afectan el desarrollo de América Latina y su sistema democrático: la acción del crimen organizado y la desprotección que viven tantos compatriotas latinos que emigran en busca de un futuro mejor.

Ojalá que todos los gobiernos de la región trabajen juntos en la búsqueda de fórmulas que permitan enfrentar coordinadamente la acción nefasta del crimen trasnacional, indicó Insulza, quien confió en que el gobierno mexicano hará todo lo posible para esclarecer los asesinatos.

La CIDH remarcó que insta al Estado mexicano a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes y juzgar a los responsables materiales e intelectuales.

Resaltó que en una audiencia de su periodo de sesiones de marzo recibió información muy grave sobre el alto número de secuestros –hasta 18 mil en 2009– y torturas de migrantes en tránsito por México para cobrar rescate a sus familiares.

La titular de ACNUDH precisó que reconozco que el gobierno de México ha realizado significativos esfuerzos para controlar el creciente clima de violencia, pero insistió en su llamado a las autoridades a tomar medidas para proteger la vida y la integridad de los migrantes, particularmente de mujeres, niños y niñas, de conformidad con las obligaciones internacionales de México.