En medio de la condena generalizada al asesinato de 72 migrantes de varios países de Centro y Sudamérica por integrantes del crimen organizado en un rancho de Tamaulipas, el grupo parlamentario del PRD en el Senado aseguró que este hecho es el resultado más trágico de la incapacidad y complicidad de autoridades federales, estatales y municipales encargadas de garantizar la seguridad de toda persona que se encuentre en territorio nacional, y demandó la renuncia de la responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero.

Partidos, legisladores, académicos y religiosos condenaron el multihomicidio. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, calificó el suceso de repugnante. Sostuvo que la sociedad debe decir a una sola voz que no se puede continuar con estos niveles de violencia. El país entero tiene que rechazar esto; no hay manera de justificar algo así bajo ninguna circunstancia”.

En entrevista, el rector expresó: uno piensa que tocamos fondo y, de repente, aparecen cosas como éstas, que lastiman derechos fundamentales y la vida de personas inocentes que están en busca de una situación mejor que en sus lugares de origen, que aspiran a un futuro mejor para ellos y sus familias.

El coordinador saliente de los senadores del PAN, Gustavo Madero, manifestó que esa matanza revela la gravedad con que actúa la delincuencia organizada. Lo sucedido en Tamaulipas nos hace redoblar la convicción de que en la lucha contra el crimen hay que cerrar filas y dar soluciones más contundentes para avanzar en el combate al narcotráfico”.

Por otra parte, los senadores perredistas se comprometieron a revisar el marco jurídico que involucra a los migrantes y a presentar una iniciativa que dote a México de una ley específica que haga compatibles conceptos como seguridad, migración y derechos humanos.

El primer acuerdo de los senadores perredistas –que realizan su octava reunión plenaria en Contepec, Michoacán, con miras al próximo periodo de sesiones– fue exigir que se revise el funcionamiento del INM, ya que en lugar de beneficiar a los migrantes contribuye a vulnerar sus derechos y a generar un clima de hostilidad y, en ocasiones, de abierta persecución. Hoy, México paga el precio de la ausencia de una política migratoria integral.

En un pronunciamiento leído por el senador Arturo Núñez, la bancada perredista advierte que la ejecución del grupo de migrantes constituye una preocupante muestra de la profunda crisis de inseguridad e ingobernabilidad que padece el país, donde cada vez son más las víctimas de la violencia y de la errónea estrategia gubernamental de lucha contra la delincuencia. Además, solicitó a la CNDH que investigue el caso.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, la arquidiócesis de México y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, también condenaron la matanza.

Vera aseveró que el asesinato es un acontecimiento significativo de holocausto que pone en riesgo la estabilidad de las relaciones diplomáticas del país. Descartó que se trate de un hecho aislado y sostuvo que más bien corresponde a un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que los condena la política migratoria.

Vera exigió que el crimen no quede sólo en las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que propicie medidas que erradiquen todas las condiciones de inseguridad y evite que verdaderas masacres se cometan en completa impunidad.

Dijo que el asesinato masivo de Tamaulipas es una muestra clara de que la política migratoria del Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos, que tiene como consecuencia que esta dolorosa migración de supervivencia deje de tener esperanza y futuro para estos pueblos empobrecidos.