El director de Amnistía Internacional (AI), sección México, Alberto Herrera, aseveró que el Estado mexicano está obligado a proteger a los migrantes, y en el caso de la ejecución de 72 salvadoreños, hondureños, ecuatorianos y brasileños, el gobierno está obligado a investigar, detener y sancionar a los responsables de la matanza.

Este es un caso emblemático, pero no aislado, tiene que ver con una realidad a la que el gobierno mexicano no ha dado respuesta adecuada.

Es lamentable, subrayó Herrera, “que ninguna autoridad haya respondido al informe que en junio de 2009 hizo público la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el secuestro de 9 mil 758 migrantes; máxime cuando estaban involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno.

Es inadmisible que a pesar de que ese órgano ha documentado violaciones sistemáticas, incluso señalando número de patrulla, la autoridad no haya detenido a nadie.

El director de AI-México aseveró que el organismo “no ha recibido respuesta satisfactoria sobre los secuestros, violaciones sexuales, torturas, mutilaciones y ahora ejecuciones de migrantes.

El gobierno carece de un plan que incluya a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a todas las autoridades estatales y locales para garantizar que los abusos contra migrantes no queden impunes”.

Sostuvo que hace una semana, cuando presentaron a la PGR el informe sobre violaciones a migrantes, la dependencia respondió: comprendan ustedes que estas personas están rompiendo la ley en México.

Herrera consideró que esto es lamentable, “porque pareciera que se quieren excusar con el argumento de la irregularidad (de los migrantes) para permitir atrocidades.

“Incluso en la Presidencia de la República nos manifestaron que se trabaja en un plan de aseguramiento de migrantes para la frontera sur, pero ésa no es la solución”, sostuvo el director del organismo.

AI subrayó que este caso es preocupante, y es de vital importancia que el gobierno garantice que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Este caso demuestra el fracaso del gobierno federal para mostrar un liderazgo claro en la aplicación de medidas para frenar la violencia sistemática contra los migrantes.

Por otra parte, la organización Sin fronteras condenó el asesinato de las 72 personas y afirmó que este caso pone de relieve la omisión del Estado para garantizar la seguridad e integridad física de los migrantes que transitan por el país.

Demandó una investigación imparcial, pronta y exhaustiva; combatir el tráfico ilícito de migrantes, y desarticular las redes delictivas constituidas por funcionarios y delincuentes.

En tanto, una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, Casa del Inmigrante Hermanos en el Camino, Casa del Inmigrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro Fray Matías de Córdova, urgieron al secretario de Gobernación, José Francisco Blake, a que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes.

Asimismo, demandaron a la titular de la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheida López Reyna, que atienda la solicitud del relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó realizar una visita a territorio mexicano.

También exigieron a la comisionada del INM, Cecilia Romero, y al delegado regional del instituto en Tamaulipas, Aurelio Gerardo Alamán, que velen por la protección de las víctimas, por una justa reparación del daño y el derecho a la notificación consular.

Asimismo, al quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista, le solicitan que tome conocimiento de los graves acontecimientos.