León, Gto., 24 de agosto. Cerca de 50 jóvenes que portaban carteles con leyendas como: Por la vida de las mujeres, aborto legal y seguro. ¿Cuántas mujeres jóvenes más encarceladas en Guanajuato por su derecho a decidir?, y Alto a la criminalización del aborto, demandaron a la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, directora del DIF nacional, respeto a los derechos sexuales y reproductivos de millones mujeres en México.

Por su parte, la directora adjunta del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Inés Alberdi, así como agrupaciones internacionales y nacionales exigieron que en Guanajuato se garanticen los derechos reproductivos y se libere a las campesinas presas por abortar.

Tras participar en la inauguración del foro Mujeres jóvenes, parte de la Conferencia Mundial de Juventud (CMJ) 2010, Zavala recorrió las instalaciones del Foro Global Interactivo, espacio multimedia para la expresión de los colectivos juveniles, donde decenas de activistas que portaban camisetas rojas con la leyenda Un aborto seguro salva vidas siguieron durante cerca de 30 minutos su recorrido, en silencio y portando carteles.

Momentos antes se manifestaron en el acceso principal a la CMJ, donde denunciaron que hay grupos y colectivos pro vida que han intentado por todos los medios criminalizarlos.

En tanto, activistas de la agrupación estadunidense Coalición Global Juvenil sobre VIH/sida (GYCA, por sus siglas en inglés) lamentaron que el gobierno de Guanajuato –anfitrión del Congreso Mundial de la Juventud– criminalice y discrimine a quienes interrupen sus embarzaos o se tatúan.

Es un insulto para las mujeres que en Guanajuato se castigue de esa manera (hasta con 35 años de prisión) a las compañeras que abortan y se discrimine a las que se tatúan (por parte de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Luz María Ramírez), refirió Lindsay Menard Freeman, integrante de GYCA.

En este mismo tenor se pronunciaron las activistas Samanta Nino, de la agrupación de Salud Integral por la Mujer (Sipam), y Juana Mercado Alcántara, de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes exigieron la liberación inmediata de las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha, sentenciadas a más de 25 años de cárcel, acusadas de homicidio después de sufrir un aborto espontáneo.

Hay una terrible violación a los derechos de las mujeres y criminalización del aborto basado en fundamentalismos religiosos que tienen en la cárcel a quienes sufrieron legrados espontáneos, además de que vivían en condiciones de pobreza extrema, dijo Nino.

En el panel denominado Igualdad de género, la directora del Unifem fue cuestionada sobre su postura en el caso de las seis presas por abortar, quienes fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.

En Guanajuato deben legislar para que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de quienes tienen un embarazo no deseado o impuesto por una violación sexual, sostuvo la funcionaria de la ONU ante unos 3 mil jóvenes de diversas partes del mundo.

Agregó que esta entidad tiene la obligación de aplicar políticas públicas enfocadas a una buena educación y formación sexual y reproductiva para que las mujeres puedan ejercer este derecho.

En la entidad –dijo– hay leyes que no respetan totalmente los derechos sexuales del sector femenino, como el artículo primero de la Constitucional estatal, que concede los derechos de una persona al óvulo recién fecundado por un espermatozoide.

La reproducción es una de las cosas más fantásticas que puede haber, y no debe convertirse en fuente de sufrimiento para nadie, remató la funcionaria de la ONU en medio de una lluvia de aplausos, al referirse a las seis campesinas presas de Guanajuato.

En el Foro Internacional Global, las agrupaciones DDeser y Equidad de Género denunciaron que integrantes de grupos juveniles del foro Dilo Bien le han robado material sobre el aborto y educación sexual.

Insuficiente, respuesta del gobernador: PRD

En tanto, el PRD conminó al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, a reconocer excesos contra mujeres encarceladas injustamente en distintos penales de esa entidad por la supuesta comisión de abortos.

La iniciativa de ley enviada recientemente al Congreso del estado por el mandatario de filiación panista, a fin de atenuar la pena que hasta hoy contempla el delito de homicidio en razón de parentesco, es insuficiente y no responde a la exigencia hecha por el partido de que sean liberadas inmediatamente, señaló el instituto político en un comunicado.

Desde la perspectiva del PRD, “la intención del gobernador Oliva es sacudirse la presión mediática que existe sobre él, e hizo llegar sus propuestas a un Congreso con mayoría panista, que en caso de fallar contra la iniciativa lo relevaría de toda responsabilidad.

“Rechazamos el proceder de Oliva Ramírez, pues proponer solamente la atenuación del delito es orillar a estas mujeres a aceptar que son responsables del mismo. El mandatario del estado se equivoca rotundamente si considera que con su acción ha dado un paso fundamental para recomponer el tejido social que su gobierno ha lastimado por medio de decisiones violatorias del derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Si en verdad quiere resolver esta injusticia, primero tiene que reconocer que ha habido excesos y omisiones de su gobierno en la aplicación de justicia, pues no por estar envueltas en un caso de esta naturaleza las mujeres involucradas tienen que asumir culpa alguna, destacó.

Incluso, el PRD señaló que podría revisar la posibilidad de constituir, entre otras medidas, una serie de quejas contra funcionarios, defensores y defensoras de oficio involucrados en este caso, pues lo único que hicieron fue engañar a estas mujeres al detenerlas sin órdenes de aprehensión y proponerles salidas falsas luego de haberlas hecho firmar, con engaños, declaraciones en las que se inculpan de haber cometido el delito de homicidio en relación de parentesco.