yer, a tres días de que se anunció que Tenedora K adquirió 95 por ciento de las acciones de Mexicana de Aviación, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, sostuvo que la compañía aún enfrenta una situación muy delicada y crítica, y reveló que los nuevos propietarios buscan liquidar a la totalidad del personal de la aerolínea y volver a emplear sólo a 25 por ciento con un nuevo contrato colectivo.

Las declaraciones formuladas por el funcionario son preocupantes, por cuanto confirman un hilo de continuidad entre los anteriores propietarios y los actuales: utilizar los derechos laborales como moneda de cambio en los procesos de negociación y la tendencia a responsabilizar a los contratos colectivos y las conquistas sindicales de la inviabilidad financiera y operativa, en mucho derivada de malos manejos administrativos. Aun concediendo que la situación de Mexicana es más grave de lo que se pensaba –como señaló ayer Tenedora K en un comunicado– y que la restructuración de las relaciones laborales resulta indispensable para el rescate de la empresa, no existe fundamento ni justificación para arrojar a la totalidad de sus trabajadores al desempleo. Por añadidura, la pretensión de que la compañía opere con la cuarta parte de su personal actual podría implicar graves riesgos a la seguridad de miles de pasajeros y de sus propias tripulaciones.

Con esas consideraciones en mente, llama la atención que las autoridades laborales, que han mostrado intransigencia y hostilidad hacia otros gremios –como los mineros y los electricistas–, se muestren ahora preocupadas por el atropello que pretende cometerse contra el personal de Mexicana. El argumento formulado ayer por el propio Lozano Alarcón, de que Tenedora K tiene que respetar el contrato colectivo, y si ha de haber modificaciones que sean de común acuerdo y no como una imposición de la parte patronal, bien podría aplicarse al desempeño gubernamental en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro: al igual que la aerolínea, ese organismo público descentralizado ocupaba una posición estratégica para el país y padeció un proceso de descapitalización tolerado o propiciado por sus administradores; sin embargo, el gobierno calderonista dejó a miles de trabajadores sin fuente de sustento y durante muchos meses ha pretendido imponerles soluciones en forma unilateral.

Ha de señalarse, por lo demás, que las dificultades que actualmente enfrenta la aerolínea son reflejo de la opacidad que ha marcado su historia reciente: rescatada dos veces con recursos de los contribuyentes y llevada a la quiebra en otras tantas, Mexicana fue sometida a un proceso de devaluación inexplicable: cabe recordar que la compañía, que llegó a valer 400 millones de dólares en 2005, fue rematada en 165 millones al grupo encabezado por Gastón Azcárraga y posteriormente vendida en unos 49 millones de dólares a Tenedora K; es decir, una octava parte de lo que valía hace un lustro. Semejante desplome ameritaría, como mínimo, una investigación oficial sobre las prácticas empresariales que han hecho posible esa devastación, y en las que incluso podrían presumirse irregularidades civiles, mercantiles o penales.

A lo anterior debe añadirse las afectaciones derivadas a pasajeros y agencias de viajes por la cancelación de vuelos de Mexicana y sus dos filiales de bajo costo –Click y Link–, las cuales llegaron a los 100 millones de pesos tan sólo en la semana pasada, monto que permite ponderar un daño de gran calado en un importante sector de la economía y que gravita, por añadidura, como un factor de debilidad nacional.