San José Iturbide, Gto., 21 de agosto. A la lista de las seis mujeres que sufrieron abortos y están presas por homicidio en razón de parentesco, se suma el de una campesina de San José Iturbide, quien espera que el juez penal Eduardo Villagómez Amézquita le dicte sentencia, que podría oscilar entre los 25 y 35 años de cárcel.

Según el Ministerio Público que integró la averiguación previa, en 2007, en la comunidad de Los Vega de Arriba, personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) encontró enterrada una bolsa de plástico en cuyo interior había un producto de más de 30 semanas de gestación que murió de asfixia.

Después de tres años de búsqueda e investigación, en mayo de este año, la PGJE arrestó en la comunidad de San Pedro Mártir, Querétaro, a Rocío Pacheco Rico, de 30 años, a quien consignó por el delito de homicidio en agravio de Juana Estela Pichardo Arredondo, nombre que le puso el MP al producto.

De acuerdo con personas cercanas a la investigación, Rocío habría sufrido un aborto espontáneo en el baño de su casa. La directora del centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, denunció que el gobierno de Guanajuato criminaliza a las mujeres que tienen un aborto espontáneo cuando a su criterio el producto de la gestación está desarrollado y puede vivir fuera del útero.

A pesar de que el Código Penal establece que el aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento, delito castigado con tres años de cárcel, se ha convertido en una política de Estado procesarlas por homicidio, figura delictiva que se castiga hasta con 35 años de prisión, sostuvo Cruz Sánchez.

Ante la indignación de la Alta Comisionada de la ONU, quien se comprometió a enviar visitadores a la entidad y tratar el caso con el gobierno mexicano, el mandatario Juan Manuel Oliva Ramírez, presentó una iniciativa para atenuar las penas del homicidio en razón de parentesco, para que las seis campesinas presas puedan salir en libertad.

El ombudsman local, Gustavo Rodríguez Juquera, afirmó que las campesinas no abortaron y que fueron respetados todos sus derechos. Sin embargo, las jóvenes presas denunciaron que no tuvieron una buena defensa de los abogados de oficio –que dependen de la Secretaría de Gobierno– y que el Ministerio Público alteró sus declaraciones para incriminarlas al dejar asentado en actas que escucharon que los productos lloraron.