Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos la presidenta de la Comisión de Equidad, Judith Díaz, demandaron al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, resolver de inmediato la situación jurídica de más de 50 mujeres sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se pronunció en ese sentido, al solicitarle la inmediata liberación de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel por abortar.

Cabe señalar que en la pasada sesión de la Comisión Permanente, los senadores del PRI Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, formularon un llamado similar a Oliva, y advirtieron que ese tipo penal, que se encuentra en la Constitución de Guanajuato, encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia para las mujeres.

El senador del PAN por Guanajuato Luis Alberto Villarreal dijo que es grave e inconcebible que el gobernador no haya dado la cara hasta el momento, y que guarde silencio en lugar de revisar los 50 casos de mujeres sentenciadas, en muchos casos, por abortos espontáneos.

No se puede pensar que un tema de estas características va a morir con el tiempo; los guanajuatenses, y particularmente las mujeres, no se merecen este silencio del gobierno estatal, agregó.

La legisladora Judith Díaz consideró que Oliva debe aplicar algún mecanismo que permita liberar a las mujeres, y uno de ellos puede ser el indulto. Es reprobable que se les haya sentenciado, hasta por más de 20 años de prisión, y en muchos casos es producto únicamente de la ignorancia de las afectadas.

Hizo notar que, desafortunadamente, este tipo de injusticias no sólo se han dado en Guanajuato, hay casos también en Chiapas, por lo que es necesario revisar la legislación en todo el país y, sobre todo, instaurar políticas públicas que permitan a las mujeres, principalmente en los sectores rurales, optar por métodos de planificación familiar. El tema se discutirá nuevamente en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Defensa inadecuada

Por su parte, el PRD exigió, en un comunicado de prensa, poner un alto a la persecución contra las mujeres y que se frenen los procesos que se siguen contra todas las que están denunciadas, sentenciadas o encarceladas por abortar.

Es inadmisible que, contrario a los avances constitucionales que muchas de las leyes de nuestro país han tenido recientemente en favor de los grupos sociales más vulnerables, en Guanajuato se continúen aplicando leyes retrógradas que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano, manifestó.

La dirección perredista señaló que el mandatario y las autoridades judiciales de la entidad, de forma mañosa y valiéndose de la ignorancia y falta de conocimiento jurídico de las seis campesinas –indígenas y con escasa preparación educativa– las mantienen privadas de su libertad, declaradas culpables bajo engaños al no brindárseles una defensa legal adecuada.