Guanajuato, Gto. 16 de agosto. Durante los pasados cuatro años, de 2006 a 2009, el número de violaciones denunciadas en esta entidad se incrementó en casi 60 por ciento, muy por encima de los reportes de homicidios dolosos con arma de fuego y de secuestros, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyos agentes continúan buscando a la mujer que abortó el pasado viernes en el muncipio de Apaseo.

De acuerdo con estadísticas de la oficina de averiguaciones previas de la PGJE, en 2006 esa dependencia recibió 195 denuncias por violación; en 2007, la cifra bajó a 177, pero en 2008 se elevó a 239 y en 2009 a 311.

La PGJE abrió, en suma, 922 averiguaciones previas por el delito de violación, de ellas 557 en los cuatro principales municipios del llamado corredor industrial –León, Irapuato, Celaya y Salamanca– y en las dos ciudades guanajuatenses que han sido declaradas patrimonio cultural de la humanidad: la capital del estado y San Miguel de Allende.

En el citado cuatrienio, León registró 140 casos de violación; Irapuato, 129; Celaya, 93; San Miguel de Allende, 85, Salamanca 60, y Guanajuato 50. La dependencia no dio a conocer cuántos de los presuntos responsables fueron detenidos ni a cuántos años de cárcel se hicieron acreedores los que no pudieron demostrar su inocencia ante un juez.

Mientras los llamados delitos sexuales aumentaban a la par que se endurecían las leyes contra el aborto, el número de asesinatos denunciados en el mismo periodo fue de 532, en tanto las querellas presentadas por el delito de secuestro fueron 120.

La tendencia se mantuvo durante los primeros cuatro meses del año en curso, pues del primero de enero al 30 de abril de 2010 la PGJE integró 79 averiguaciones previas por violación, 72 por asesinato con arma de fuego y 28 por secuestro.

En lo que a delitos sexuales se refiere las estadísticas oficiales son apenas un pálido reflejo de la realidad, explica Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, que apoya a las seis jóvenes encarceladas y condenadas a penas de más de 25 años de prisión por abortar.

El problema de la violencia sexual contra las mujeres en Guanajuato es mucho más grave de lo que parece. Los datos oficiales de por sí ya son fuertes. Pero en México, de cada 10 mujeres violadas sólo una presenta denuncia; las demás prefieren guardar silencio por miedo o también por pudor, o porque generalmente el violador es miembro de su familia, abundó la activista.

Las estadísticas sobre abusos sexuales no son difundidas por el gobierno; en cambio dan mucha publicidad a las que tienen que ver con homicidios y secuestros, porque suponen que estos delitos preocupan más a la sociedad, reprochó.

Guanajuato, recordó, es el único estado del país que no ha hecho suya la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque, según las autoridades, aquí no es necesaria. Por eso el gobierno del estado y los municipios no tienen una política integral de prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, incluida la prevención del abuso sexual y la violación hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes.

En lo tocante a la reparación del daño a las víctimas de este delito, lo mínimo sería que las que quedan embarazadas tengan acceso a un aborto legal, a la anticoncepción de emergencia, a medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual, así como a atención médica y sicológica integral, exigió Cruz Sánchez.

Injusticia y discriminación

La activista puso de ejemplo de esta política injusta y discriminatoria contra las mujeres el caso de Laura, una joven del municipio de Santa Catarina, en la región más depauperada de la entidad, quien de diciembre de 2008 a marzo de 2009 fue violada en repetidas ocasiones por Manuel Hernández, con quien tenía una relación laboral.

Cuando a raíz de estos abusos quedó encinta, Laura solicitó ayuda médica para que le provocaran un aborto legal, conforme a lo que dispone la norma oficial mexicana NOM 045, que obliga a las autoridades de salud a interrumpir las embarazos que son producto de una violación.

Para su sorpresa, la joven fue amenazada por la titular del Ministerio Público de Santa Catarina, Teresa de Jesús Macías Jiménez, quien le advirtió que si abortaba sería detenida y puesta a disposición de un juez, acusada de homicidio. A estas presiones se sumaron las de su propia familia. Finalmente Laura se mudó al estado de Querétaro, donde no tuvo más remedio que dar a luz un hijo que de ninguna manera deseaba.

El 8 de mayo de 2009, para anular lo que dicta la NOM 045 en la materia, el Congreso de Guanajuato aprobó la llamada ley antiaborto, que impide la interrupción de embarazos provocados por un violador.