n las jornadas del Diálogo por la Seguridad, efectuadas en el Campo Marte de esta capital, y a las que han asistido, entre otros, los máximos responsables del gobierno federal en la materia, el titular del Poder Judicial y representantes de la mayor parte de los partidos políticos con registro, se han evidenciado con crudeza tanto las carencias y debilidades de la estrategia oficial de combate a la delincuencia como mostrado las enormes –y acaso irreconciliables– diferencias que ha dejado en la clase política la manera en que la actual administración ha llevado a cabo su ofensiva contra los grupos criminales.

Así, a casi cuatro años del inicio de la cruzada contra el narcotráfico, sus propios protagonistas descubren y admiten que los medios institucionales y legales a su alcance no son los adecuados; que las instancias de procuración de justicia construyen imputaciones defectuosas que desembocan en la exculpación de los presuntos culpables; que los diagnósticos iniciales no correspondían a la realidad y que la infiltración de la delincuencia organizada en instancias del Estado es mucho más profunda y grave de lo que se pensaba. Esta discordancia generó incluso una confrontación declarativa entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y su antecesor en el cargo, Vicente Fox Quesada, pero ambos han omitido referirse a factores de continuidad entre una y otra administraciones: de hecho, fue el propio Fox quien dio inicio a los espectaculares despliegues policiaco-militares con los que luego habría de estrenarse en el poder el gobierno siguiente, además de que el michoacano confió responsabilidades estratégicas y centrales a varios de los principales colaboradores del guanajuatense en seguridad pública y procuración de justicia, como Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. Con estas consideraciones en mente, el deslinde entre uno y otro constituye un acto contradictorio e incongruente.

Para complicar más las cosas, el discurso del gobierno federal en el encuentro ha sido confuso: se niega, por un lado, que lo que está en curso pueda llamarse guerra, pero por el otro se ensalzan los supuestos triunfos oficiales con criterios inequívocamente bélicos. Se pide confluencia de voluntades y criterios, pero desde el poder público se recurre a la descalificación y al golpeteo a los actores políticos no alineados con las posturas del Ejecutivo federal. Se convoca al debate sobre la despenalización de las drogas, pero se descarta y desvirtúa tal posibilidad. Se pregona la pertinencia de una política de Estado en materia de seguridad, pero se persiste en una estrategia facciosa e incluso electorera, determinada por una ideología conservadora y autoritaria, y en el uso de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República como instrumentos de agresión contra formaciones políticas opositoras. Se habla de considerar otros puntos de vista, pero se sigue desdeñando los elementos económicos, sociales e institucionales de la escalada delictiva, y se porfía en una violenta práctica de aplicación de la ley que propicia los atropellos a los derechos humanos. A pesar de los propósitos de diálogo, persisten la criminalización de la protesta social y la descalificación de los críticos como supuestos aliados –involuntarios o no– de la delincuencia.

Así, paradójicamente, en lugar de impulsar la construcción de un consenso, el encuentro convocado por el gobierno se ha convertido en un escaparate de las incongruencias y la inviabilidad de la actual estrategia de lucha contra el crimen y por la restauración de la seguridad pública y del estado de derecho.

A lo que puede verse, el Ejecutivo federal se encuentra lastrado y desgastado por su propio desempeño como para propiciar la construcción de consensos nacionales en materia de seguridad pública y combate a la criminalidad. En tal circunstancia, las fracciones parlamentarias tendrían que empeñarse a fondo, con visión de país y voluntad política que trascienda partidismos, para emprender una reforma del Estado que coloque a la autoridad en una situación favorable para hacer frente a la delincuencia, a la descomposición institucional, a la impunidad y al naufragio de la seguridad pública que padece la ciudadanía en el momento presente.