En la tercera comisión de la Permanente, este martes se discutirán, entre otros dictámenes, uno que presentó el PRI para que se solicite al Presidente de la República y al secretario de Hacienda y Crédito Público que retiren a la brevedad el nombramiento de Gustavo Adolfo Merino Juárez, como director de la Financiera Rural (Finrural), pues no cumple con los requisitos para desempeñar el cargo.

También se debatirá otro dictamen presentado por el PRI para que la Comisión Permanente exprese su firme respaldo a la justa decisión del consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras activas y pensionadas, al preservar el monto actual de las jubilaciones y pensiones tanto las aplicables por el régimen vigente hasta 1997, como las que resulten de la nueva ley.

En este dictamen se incluye que la Comisión Permanente haga un llamado a los legisladores integrantes de la 61 Legislatura para que acuerden las reformas necesarias a efecto de que la ley sea precisa en favor de quienes han aportado su esfuerzo en las diferentes empresas del país.

En el dictamen sobre el nombramiento de Gustavo Adolfo Merino Juárez como director de Finrural, se indica que el 19 de julio pasado el Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer a designación de Merino Juárez.

Se destaca en el dictamen que si bien el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural faculta al Ejecutivo para nombrar al director general de esa institución, es necesario reconocer que la persona designada tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos en la ley.

Se señala en el dictamen que resulta extraño, para los legisladores que “el Presidente de la República decida nombrar a una persona que, si bien tiene años de experiencia en cargos de alto nivel decisorio, ninguno de éstos ha sido dentro de alguna institución financiera.

Haber sido subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación o subsecretario de Desarrollo Social y Urbano en la Secretaría de Desarrollo Social no garantiza, de forma alguna, que tenga conocimiento de cómo opera una institución financiera, ni mucho menos de cómo opera un banco de desarrollo.

En el dictamen sobre pensiones, se apunta que el consejo técnico del IMSS consideró legalmente incorrecta y socialmente equivocada e injusta la decisión de la segunda sala de la Corte de reducir de 25 a 10 salarios mínimos el monto de las pensiones por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada.

Se hace referencia a que José Luis Carazo Preciado, integrante del consejo técnico del IMSS y del comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de México, explicó que si la Secretaría de Hacienda aplica dicha jurisprudencia y ordena al instituto disminuir el monto de las pensiones a las personas que ganan alrededor de 17 mil pesos mensuales, el gobierno federal se enfrentaría a un movimiento social.