as revelaciones policiales de Ciudad Juárez deberían ser suficientes para que fuese desmontada la macabra trama institucional de presunta guerra al narcotráfico. Con detalles que tienen la valía de ser exhibidos por quienes forman parte del mismo aparato federal, agentes sublevados han confirmado lo que todo mundo sabía pero no podía demostrar: que la tal guerra es una farsa, que los jefes están arreglados con determinados cárteles, que las acciones presuntamente justicieras suelen ser ajustes comerciales de tuercas, que ciertas detenciones de ciudadanos son formas institucionales de extorsión y que a cualquier persona se le pueden sembrar indicios de culpabilidad al gusto. Denuncias desde el interior de la Policía Federal que tienen el agravante de producirse en la tierra más dañada por la productividad fúnebre del felipismo, en la Ciudad Juárez (asiento del principal cártel opositor al de Sinaloa, por ello la mortífera limpieza mercantil) que tanta atención demagógica e inversión asistencial tuvo de Los Pinos en el tramo previo a las elecciones en que finalmente el PAN no pudo quitar el control gerencial al PRI, entre otras causas porque Calderón y su equipo impusieron candidatos que generaron división interna en el partido blanco y azul y porque el PRI tuvo más oficio marrullero y mañoso que los aficionados panistas.

Pero nada parece cambiar en el ánimo de los actores políticos convencionales. El mundo puede incendiarse sin que se den por enterados los gobernantes y representantes populares mientras en sus despachos siga funcionando el clima artificial. Claro está que se producen discursos, declaraciones y lamentaciones, pero en el fondo todo sigue igual: el mundillo político sigue conjugando a placer el verbo de sus privilegios, ensimismados los ideólogos y operadores en el redituable juego de inventar fórmulas y mecanismos para mantenerse en sus sitiales de honor y para ejercer con alegría sus presupuestos oficiales y extraoficiales. En ese tenor va el tragicómico diálogo felipista sobre asuntos de seguridad pública que pretende acomodar en una línea de colaboración a los factores políticos de elite mientras en la base de la sociedad continúa la desgracia nacional a todo vapor.

Un ejemplo de ese oportunismo acomodaticio lo ha aportado la tríada de partidos formalmente izquierdistas que integran el llamado Dia, es decir, el Diálogo para la Reconstrucción de México, al hacer arreglos de supuesta altura estratégica con el partido y el personaje que según apasionados señalamientos originales (apuntalados por acuerdos de comités, consejos, convenciones y asambleas) les habría robado la presidencia del país en 2006 y por tanto nunca debería obtener reconocimiento político a su desempeño espurio. Aun cuando la realidad demuestra día tras día que el calderonismo es un fraude político caminante, y que la tragedia en que ha convertido a la nación es una prueba de que no estaba capacitado para ejercer el cargo del que se apropió y que tampoco ha tenido facultades de aprendizaje apresurado que suplieran su déficit de origen, el Dia ha decidido tender la mano y correr la suerte del languideciente Felipe, torpemente decididos esos personajes de la izquierda electoral a compartir el juicio histórico de un felipismo que desde ahora tiene asegurada una nada enigmática sentencia negativa: uncir el Dia a la carreta de la noche calderonista; arrebatar a la izquierda social la bandera de la congruencia en la lucha sexenal contra impostores y asesinos, ensuciar y confundir desde ahora el proceso de 2012 al colocar las siglas con monopolio electoral izquierdista en el bando del gobierno federal ilegítimo y su partido comparsa.

Estrategias chuchistas-camachistas que se acomodaron plácidamente a los planes aliancistas de Los Pinos que según eso servirían para impedir triunfos del PRI mediante la postulación de candidatos apoyados en vertientes priístas de las que habían salido por divergencias procesales que no les convirtieron en auténticos opositores sino en alternativas de boleta electoral. Y, ahora, el diálogo abierto, la aceptación política formal de Felipe Calderón como convocante legítimo de pláticas de unidad nacional que buscan corregir desde las cúpulas el diseño de lo que crudamente plantean los policías federales rebeldes de Ciudad Juárez como una maquinación continua, como un engaño sangriento.

Astillas

Con una soltura digna de premio, el secretario de gobierno de Baja California, provisionalmente encargado de la secretaría federal de Gobernación, aseguró a distinguidos visitantes extranjeros que la administración felipense tiene el firme compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desempeño profesional de los periodistas e identificar, de la mano del gremio, las acciones que el Estado mexicano puede instrumentar para acotar dichos riesgos. Bla, bla, Blake, soltó tal rollo mendaz frente a los relatores especiales de la ONU y la OEA para asuntos de libertad de expresión, Frank la Rue y Catalina Botero, respectivamente. Han de saber los respetables indagadores que no hay tal: el calderonismo ha desactivado intencionalmente las de por sí pálidas y débiles instancias oficiales de atención a agravios cometidos contra periodistas, con una fiscalía federal entregada a personajes grises, sin poder político ni autoridad moral. Y, salvo el peculiar episodio televisivo de Gómez Palacio, que oportunamente servirá para decir que sí se atienden esos hechos, no hay una acción gubernamental verdadera de defensa de los periodistas. Por otra parte, ojalá la mención oficial de que se diseñarán acciones oficiales de la mano del gremio no signifique un intento de apropiarse de las recientes protestas y activismo de periodistas... Y, mientras se abre camino el importante acuerdo político para impulsar una reforma política de fondo en el Distrito Federal, ¡hasta mañana, con trabajadores de la aeronáutica exigiendo que se rescaten los empleos y no las finanzas empresariales!

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