Buenos Aires, 9 de agosto. Investigaciones de legisladores de Proyecto Sur, el partido que dirige el cineasta Fernando Pino Solanas, evidenciaron que la plana mayor de la Policía Metropolitana, creada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el empresario Mauricio Macri, proviene de la vieja estructura de la Policía Federal , varios de ellos relacionados con la pasada dictadura militar (1976-1983) y responden al ex comisario Jorge Fino Palacios, dado de baja de esta nueva fuerza y detenido por delitos de espionaje, entre otros.

El legislador Rafael Gentilli, que realizó la investigación junto a otros colegas determinó que muchos de los nuevos policías de la Metropolitana están vinculados a agencias de seguridad privada.

Al reconstruir el organigrama de la institución el legislador confirmó que la conducción actual la diseñó Palacios. También se ha denunciado la presencia de ex militares de la pasada dictadura.

Gentilli alertó asimismo sobre la influencia en la integración de esa fuerza de seguridad de del ex agente de inteligencia de la Federal Pascual Miguel Mazzeo, quien tiene una oscura historia pasada como integrante del Cuerpo de Inteligencia Criminal del 15 de marzo de 1976 durante la dictadura y otros cargos que ocupó hasta febrero de 1982, cuando integró el Departamento de Asuntos Políticos.

Mazzeo fue mencionado en la causa de la Masacre de Fátima una de las matanzas de detenidos durante la dictadura, como miembro de Coordinación Federal, señala Página 12.

También señala en la cúpula de la Metropolitana, entre otros a Carlos Kevorkian, superintendente de Investigaciones, contratado en marzo de 2009 y procesado en la Federal por un operativo que condujo en un partido de fútbol en el que resultó muerta una persona.

Por otra parte, Eduardo Jorge Martino, superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos es un ex comisario de la Federal , que fue pasado a disponibilidad en una purga policial en 2004 y directivo de la empresa de seguridad Alesa SA.

Otro de los mencionados es Alejandro Francisco Parodi, un ex comisario de la Federal que tenía a su cargo a los agentes encubiertos de inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Interior.

Otro de los hombres claves señalados es Esteban Adolfo Sanguinetti, quien estuvo en la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura y también fue pasado a disponibilidad en la purga de 2004.

Ricardo Raúl Ferrón, quien sería director de Vigilancia Preventiva, está acusado de haber formado parte del operativo que detuvo en la dictadura a dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales. Así continúa la lista que ha puesto nuevamente en problemas a la cuestionada Policía Metropolitana, que entró en vigencia a fines del año pasado.

El informe es grave, en momentos en que Macri será sometido a una investigación por parte de la Legislatura de la ciudad por sus posibles implicaciones en los casos de espionaje, que se realizaron sobre diversas personas, dirigentes políticos, legisladores y entre ellos uno de los más activos familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.

El gobierno de la ciudad convirtió en reservado el comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública y toda la información que este produzca, lo que fue denunciado por el Observatorio de Derechos Humanos.

Todos los documentos producidos por el Comité tendrán carácter reservado y no podrán ser dados a publicidad sin el consentimiento expreso y escrito de la mayoría absoluta de sus miembros, dice la reglamentación.

Ante esta situación, voceros del Observatorio de Derechos Humanos advirtieron que la norma administrativa no puede modificar una ley, surgida del Poder soberano que representa la Legislatura , y consideraron que la resolución “es propia de regímenes autoritarios y es intimidante para los trabajadores del Comité, a quienes se les asigna una responsabilidad propia de un servicio secreto de información cuando están obligados a trabajar para evaluar y hacer recomendaciones públicas sobre la política de seguridad en la ciudad “.

En otro asunto, una obra en construcción que colindaba con un gimnasio y locales comerciales se derrumbó, con saldo de once heridos. La Defensoría del Pueblo anunció que solicitará informes al gobierno capitalino de Macri para comprobar si la obra tenía la autorización correspondiente.

Los vecinos del barrio porteño de Villa Urquiza, denunciaron que se trabajaba en forma apresurada y compulsiva, lo que pudo generar el derrumbe.

A Macri le espera una movilización de varias asambleas barriales, que reclaman su renuncia al cargo y demandas por el posible cierre de hospitales en la ciudad.