Urique, Chih., 8 de agosto. Rarámuris de las comunidades de Bacajípare, Huetosachi, Mogotavo y Repechike presentaron una queja ante la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, en contra del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que incluye la construcción de un teleférico en Divisadero y un aeropuerto en el municipio de Creel, por considerar que viola garantías fundamentales y el derecho de los indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Los gobernadores tradicionales de las cuatro comunidades entregaron la queja en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y expusieron que los proyectos turísticos impulsados por los gobiernos federal y estatal, con inversión de empresas extranjeras y nacionales, han trastornado la vida de mil 421 indígenas.

Las 203 familias, que tienen varios centros ceremoniales en la zona, de más de 16 mil hectáreas, aseguran que han sido víctimas de acoso, amenazas e intentos de desalojo, resultado de la especulación inmobiliaria.

Respaldados por las organizaciones Asesoría Técnica Comunitaria y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, relataron que por años han acudido a tribunales agrarios, civiles y penales para denunciar los constantes atropellos a sus derechos, sin que las autoridades los atiendan.

Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones.

Agregaron que empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre.

Explicaron que el senador panista Ramón Galindo Noriega enfrenta demandas por invadir tierras en la barranca. Se trata de un predio que compró al ejido San Alonso, a pesar de que ya había sido entregado a otra persona, por lo que existe un litigio para saber quién es el legítimo dueño.

También acusaron al dueño de la inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, Federico Elías Madero, de intentar desalojar a 16 familias indígenas del predio El Madroño, donde proyecta construir un hotel, cabañas y un campo de golf.

Monarca Lázaro y Cruz Romero afirmaron que empleados de Elías Madero les han impedido construir sus viviendas, recolectar leña y usar la cáscara de los árboles de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.

Insistieron en que este proyecto viola sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de sus autoridades tradicionales, a ser consultados antes de emprender obras, a que se respeten sus usos y costumbres, y a recibir justicia expedita en tribunales agrarios, civiles y penales.

La inversión pública, añadieron, está dirigida a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico, sin tomar en cuenta lo que necesitan las comunidades rarámuris.

Tampoco les han informado qué hará el gobierno para abastecer de agua a la zona y manejar los residuos que generará el aumento del turismo.

Pidieron al alto comisionado de la ONU solicitar al gobierno mexicano una investigación sobre las violaciones a los derechos indígenas y reclamaron que se respete su derecho a conocer información sobre el proyecto turístico, que les ha sido negada.