Tras ocho meses de diálogo y trabajo, el gobierno de la ciudad y los seis partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa (ALDF) presentaron los acuerdos que alcanzaron para la reforma política del Distrito Federal.

Luego de encabezar la presentación de la propuesta, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, aseveró que el documento, el cual fue avalado por todos los partidos políticos, plantea para la ciudad un rumbo, una visión de largo plazo que elimina los elementos de conflicto que durante muchos años han estado presentes en la relación entre la ciudad y los poderes federales.

La propuesta abre el camino para que la ciudad tenga su propia constitución, organice su régimen de gobierno interior, sus instituciones y las demarcaciones. En pocas palabras, su futuro, es decir, cómo va a ser gobernada en el siglo XXI.

Al mismo tiempo propone otra fórmula de convivencia entre los poderes federales y de la ciudad, de manera que se garanticen sus derechos y también la salvaguarda y garantía que requieren los poderes federales, afirmó.

Ahora la iniciativa, y las soluciones que propone, está en manos de la Comisión de Gobierno de la ALDF, que deberá presentarla en los próximos días al Senado, con el propósito de que sea respaldada, puesto que los partidos representados ahí, sin excepción, son coautores de la iniciativa, agregó el mandatario.

Precisó que no se trata sólo de una propuesta local, sino de las fuerzas políticas nacionales representadas en la ciudad. Por eso somos optimistas y estoy convencido de que merecerá el respaldo de la mayoría en el Senado, y posteriormente de la Cámara de Diputados, los Congresos locales y seguramente, el año entrante, participaremos en la fórmula que nos convoque la ALDF en la elaboración de la constitución de la ciudad de México, reconocida ya como tal y no como Distrito Federal, indicó.

Antes, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, detalló que el acuerdo alcanzado consiste, fundamentalmente, en la propuesta de reforma al artículo 122 constitucional.

En busca de soberanía

Explicó que, por su contenido, ésta significa trascender el estatus del Distrito Federal, entidad sujeta a la jurisdicción de la Federación, para consolidar a la ciudad de México como entidad con jurisdicción propia, derivada única y exclusivamente de la soberanía de sus habitantes, con derechos plenos e iguales a los que goza el resto de las entidades, a la vez que mantiene su carácter de sede de los poderes federales y capital de la República.

En el Teatro de la Ciudad, donde tuvo lugar la presentación de la propuesta de reforma, y ante la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales; del presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Édgar Elías Azar; de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios locales, así como de los dirigentes de los partidos políticos y los 16 jefes delegacionales, Ávila dijo que el objetivo es dotar de autonomía a la ciudad, por lo que hace a su régimen interior, y consolidar el gobierno propio con base en dos principios fundamentales del federalismo mexicano:

Que todo lo concerniente al régimen interior de una entidad federativa le corresponde a sus ciudadanos y sólo a sus ciudadanos. Y que la distinción clara entre las facultades expresamente conferidas a la Federación y las facultades implícitas o residuales para las entidades federativas, evitan interferencias de responsabilidad y conflictos.

La propuesta considera, además de las atribuciones actuales del jefe de Gobierno, poder designar y remover a los encargados de seguridad pública y procuración de justicia, indultar a reos del fuero común y proponer el techo de endeudamiento.

Avila Pérez dijo que la complejidad y la continuidad urbanas, la alta densidad demográfica, la integridad de la hacienda y las soluciones de los servicios públicos fueron los factores que gravitaron especialmente al plantear las definiciones que debe contener el nuevo artículo 122 de la Constitución.

Indicó que estas circunstancias particulares motivaron el acuerdo de separar la propuesta del modelo de división municipal, como sucede en los 31 estados.

Entre otros aspectos del acuerdo, Ávila Pérez destacó la propuesta de incorporar en el texto constitucional el principio de capitalidad, mismo que se expresa en dos sentidos: por un lado, la responsabilidad sui generis que tiene esta ciudad capital y sus poderes públicos de garantizar el funcionamiento de los poderes federales y sus instituciones.

Por el otro, el imperativo de que la Federación provea, en justicia, los recursos necesarios para hacer frente al gasto público que representa la centralidad de todo orden que se da en esta capital.