n vísperas de la entrada en vigor de la racista ley SB 1070, la juez federal estadunidense en Phoenix Susan Bolton determinó suspender provisionalmente algunas de las disposiciones más polémicas e impresentables de esa normativa, como las que obligan a policías estatales a realizar interrogatorios a quienes sean discrecionalmente considerados como migrantes indocumentados. De acuerdo con la juez Bolton, la aplicación de esta ley plantea una sustancial posibilidad de que los oficiales arresten erróneamente a extranjeros residentes legales. Asimismo, la funcionaria consideró muy probable que la administración que encabeza Barack Obama logre demostrar la inconstitucionalidad de esa normativa, como resultado de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de ese país contra el estado de Arizona por presunta usurpación de funciones exclusivas del gobierno federal.

Por su parte, la gobernadora de ese estado fronterizo, la republicana Jay Brewer, calificó el dictamen de la juez Bolton de obstáculo en el camino y aseguró que la batalla no ha hecho más que empezar y que el derecho de Arizona a proteger a sus ciudadanos prevalecerá.

La determinación judicial que se comenta, saludada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos y por activistas e integrantes de organizaciones defensoras de migrantes, constituye un hecho positivo por cuanto conjura, en lo inmediato, la entrada en vigor de disposiciones que otorgan cobertura legal al racismo y convierten a las propias autoridades del vecino país en factores de atropello a las garantías individuales y al estado de derecho. Adicionalmente, al abonar a las perspectivas de que la citada ley sea declarada inconstitucional, la decisión judicial sienta un precedente importante para otros estados y ciudades del vecino país donde se quieran aplicar normativas similares a la SB 1070.

Con todo, la determinación comentada resulta insuficiente para revertir la intensificación de sentimientos xenofóbicos y chovinistas que actualmente tiene lugar en Estados Unidos, y que no se presenta sólo en los marcos jurídicos, sino también fuera de ellos. Un ejemplo claro de esto último es la reciente difusión, en el estado de Utah, de listas de supuestos migrantes indocumentados, hecho en el que es inevitable percibir la participación de malos servidores públicos en connivencia con algunos grupos ultraconservadores de la sociedad estadunidense.

El factor que alimenta ésta y otras manifestaciones de fobia antinmigrante es la penalización de la irregularidad migratoria en el vecino país. En la circunstancia actual, la persistencia de esa política de persecución resulta doblemente nociva: por un lado, porque soslaya que la migración, documentada o no, es ante todo un factor de competitividad económica y de riqueza cultural para la nación vecina –no una amenaza de desestabilización e inseguridad, como sostienen algunos de los sectores más cavernarios de ese país–; por otro, porque, más que contribuir a la salvaguarda del estado de derecho, constituye un acicate para el surgimiento de expresiones de linchamiento contra indocumentados.

Ante ello, y sin dejar de ponderar positivamente la determinación de la juez Bolton, el episodio pone en relieve la necesidad de que el Ejecutivo y el Legislativo estadunidenses avancen en la presentación y aprobación de una reforma migratoria integral, que disponga una vía a la regularización para los millones de indocumentados que viven en aquel país y reconozca de una vez por todas el aporte fundamental que realizan a la economía y la cultura de Estados Unidos