La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intenta eludir por todos los medios la obligación de cumplir el mandato judicial que le ordena detener la licitación de espectro para las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) para asignar de manera ilegal ese bien público a Televisa-Nextel, con lo que ocasionaría un daño patrimonial al Estado por al menos 5 mil millones de pesos, aseguró el vocero de Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera.

Advirtió que la SCT se ha negado a recibir la notificación del juzgado tercero de distrito, en la cual se le ordena suspender las licitaciones, pero solicitó un amparo contra ese mandato, de tal forma que el juzgador está analizando si ese procedimiento de la dependencia puede considerarse forma de estar enterado del mandato judicial.

El vocero señaló que es indispensable la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue todo el proceso de licitación, ya que las irregularidades existen desde el contenido de las bases, que fueron diseñadas para que una empresa ganara. Eso no es licitación, sino adjudicación directa, resaltó.

Niño de Rivera puntualizó que el juzgado tercero de Guerrero notificó a la SCT en sus oficinas de Acapulco, pero devolvieron el documento de manera ilegal y pidieron que se entregara en sus oficinas de Xola y Universidad, en la ciudad de México, donde con chicanas y argucias se han negado a recibirlo. En cambio, el director jurídico, Gerardo Sánchez Henkel, promovió un amparo contra la suspensión de las licitaciones.

Es insólito, dijo, que se promuevan recursos legales contra un hecho que se desconoce. Detalló: “el juzgado segundo negó la suspensión provisional a la SCT el 21 de julio pasado, y el 23 de julio rechazó el amparo definitivo, lo cual habla de que la dependencia está actuando en franco desacato.

La titular del juzgado tercero de distrito está analizando si el haber promovido el amparo puede constituirse como estar notificado, porque legalmente no se puede promover un amparo contra un hecho que desconoce, y ello evidentemente habla de que en la SCT conocen del tema, porque lo promovieron. Por consiguiente, están en claro desacato a la instrucción de la juez.

Lo urgente, señaló, es que intervengan la ASF y la SFP, instancias ante las que Grupo Salinas entregó las denuncias correspondientes desde hace varias semanas y de las que hasta ahora no ha recibido respuesta. Es necesario que se detengan las licitaciones, que se investigue de forma detallada y profunda, que investigue el Congreso. De lo contrario, si se siguen entregando títulos de concesión las empresas estarán explotando un bien público de manera ilegal, enfatizó.

Por su parte, la SCT aseguró que no ha recibido notificación alguna, y advirtió que en cuanto tenga conocimiento del mandato recurrirá ante las instancias legales necesarias para continuar con el concurso, que ya está en la etapa de entrega de títulos de concesión.

Expresó que varias empresas han interpuesto más de 60 impugnaciones contra la licitación de dichas frecuencias, pero ninguna ha derivado en detenerlas o suspenderlas. Por ello, advirtió que junto con la Comisión Federal de Telecomunicaciones hará valer todos los medios de defensa, oposición e impugnación que les permite la ley contra las medidas provisionales que se emitan sin audiencia de parte.