Nueva York, 19 de julio. Con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera, patrullajes neonazis, varios estados que promueven leyes similares a la SB 1070 de Arizona, listas negras para eliminar migrantes, nuevas estrategias del gobierno para desemplear a indocumentados en redadas silenciosas, niveles alarmantes de inmigrantes muertos en la línea divisoria y políticos que utilizan el tema migratorio con fines electorales, en este país hay una guerra contra inmigrantes (sobre todo mexicanos y centroamericanos), desatada tanto por autoridades oficiales como por fuerzas extraoficiales.

El gobierno de Barack Obama anunció hoy que a partir del primero de agosto serán desplegadas las primeras unidades de la Guardia Nacional –con unos mil 200 elementos–, junto con aeronaves de vigilancia a control remoto (drones) como las empleadas en la guerra en Afganistán.

También enviará unos 300 agentes más del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y desplegará más helicópteros en la frontera. Obama solicita 600 millones de dólares para aumentar la seguridad fronteriza, fondos que serían dedicados a contratar mil nuevos agentes de la Border Patrol, entre otras cosas.

La Casa Blanca ha propuesto emplear aeronaves a control remoto, conocidas como drones, parecidas a las utilizadas en la guerra en Afganistán para operaciones de vigilancia en la frontera.

Alan Bersin, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, informó a la agencia Reuters que continúan negociaciones con autoridades mexicanas para emplear los drones también del lado mexicano de la frontera.

Mas allá de la línea divisoria, el gobierno de Obama también ha implementado una nueva estrategia a lo largo de los pasados 18 meses, que algunos bautizan como redadas silenciosas, reportó recientemente el New York Times. Sustituyendo las redadas en fábricas y granjas que se realizaban durante años recientes, la nueva estrategia se enfoca en hacer auditorías de las nóminas de empresas (el gobierno las ha realizado en más de 2 mil 900 firmas durante el último año, junto con la imposición de multas por más de 3 millones a compañías que contrataron indocumentados).

Los patrones son obligados a cesar a todo empleado sospechoso de ser indocumentado, aunque no es detenido y deportado si no tiene antecedentes penales. Pero eso sí, familias enteras se quedan sin empleo y la idea es que las empresas estén cada vez menos dispuestas a contratar inmigrantes.

Por otro lado, las fiscalizaciones federales de inmigrantes han llegado a niveles sin precedente durante un periodo de dos meses –4 mil 145 casos en marzo y abril de este año–, estrategia adoptada en el gobierno de George W. Bush y continuada por el gobierno de Obama, reportó MSNBC.

Las autoridades estatales también intensifican sus iniciativas antimigrantes, más allá del caso conocido de Arizona.

En estos días, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, anunció el envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, mientras otros gobernadores, legislaturas estatales y autoridades locales continúan contemplando –y en algunos casos instaurando– todo tipo de medidas contra inmigrantes.

Legisladores de Oklahoma, Carolina del Sur y Utah consideran impulsar medidas similares a la ley Arizona (aun cuando el gobierno federal ha interpuesto una demanda contra la ley SB 1070 en un intento por evitar que entre en vigor el 29 de julio).

Esos tres estados no están solos, ya que legisladores de por lo menos otros 17 han promovido leyes similares a la de Arizona, reporta el Washington Post.

Pero esas ofensivas contra inmigrantes también se impulsan por fuerzas no oficiales, incluyendo milicias y vigilantes.

Un grupo de hombres en trajes de corte militar, chalecos antibalas y rifles de asalto han declarado la guerra contra los que llaman narcoterroristas y patrullan la frontera en Arizona. Critican la falta de acción del gobierno federal para dar seguridad en la línea divisoria.

El grupo, encabezado por el ex marine Jason Ready, se identifica con el Movimiento Nacional Socialista, agrupación que asevera que sólo blancos no judíos heterosexuales deben ser ciudadanos estadunidenses y todos los demás deben ser expulsados del país, informó la agencia Ap.

Una lista con mil 300 nombres de individuos identificados como inmigrantes ilegales, que incluye todo tipo de datos personales, fue enviada a agencias de seguridad pública y medios de noticias en Utah, con la demanda de que todos fueran deportados.

La publicidad generada por el envío –que el procurador de Utah denunció como lista negra– provocó temor entre la comunidad latina. Días después, una investigación descubrió que por lo menos dos empleados estatales estaban involucrados en difundir los nombres con datos obtenidos ilegalmente del gobierno.

El gobernador de Utah, Gary Herbert, consideró deplorable la táctica y prometió una fiscalización del crimen.

Sin embargo, el gobernador ha dicho antes estar dispuesto a firmar una ley que actualmente se debate en el estado, diseñada contra los indocumentados.

Y esos son sólo algunos ejemplos de una creciente gama de agrupaciones por todo el país que toman la ley en sus propias manos en la causa antimigrante.

Las consecuencias de estas medidas oficiales y extraoficiales han sido cada vez más severas para las comunidades inmigrantes, denuncian casi a diario líderes migrantes, sindicales, religiosos y latinos, entre otros, y señalan que no sólo nutren el clima de temor, separan familias, provocan mayor racismo y crímenes de odio, sino también causan bajas.

El número de muertes de indocumentados que ingresan por el desierto de Arizona desde México ha llegado a niveles tan altos que la oficina del forense ya no tiene dónde almacenar los cuerpos y usa un camión frigorífico. Han llegado 40 cadáveres a las oficinas forenses del condado de Pima desde el primero de julio, y se teme que el total mensual supere el récord de 68 de julio de 2005.

Definitivamente está en curso de ser tal vez el mes más mortal de todos los tiempos, dijo Bruce Parks, médico forense, a la agencia Ap. De enero a mediados de julio su oficina ha recibido los cuerpos de 134 indocumentados, mientras en el mismo periodo de 2009 fueron 93.