asi se olvida el enorme vacío de justiciabilidad del derecho indígena, casi se olvida la sociedad de que dentro de los graves déficit en nuestro país está el del incumplimiento generalizado de los derechos de los pueblos. Casi se olvidan de los pueblos mismos. Sin embargo, ahí están, en la resistencia, que parece un signo destino y desde ella se reciben sus señales, igual de Chihuahua, que de Chiapas, Oaxaca y, en el caso que comentaremos, Guerrero.

La policía comunitaria es emblemática en más de un sentido y en días recientes lo ha sido porque ha denunciado lo que yo llamaría la feria del foro, de la que tanto gustan legisladores y autoridades de todo nivel. En efecto, han dado cuenta de que el Congreso del estado, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) delegación Guerrero están impulsando una serie de reformas legislativas en materia de derechos y cultura indígenas. Y denuncian sin más que “en ese marco, han realizado foros en algunas ciudades del estado –Chilpancingo y Tlapa– a los que se les ha dado el carácter de consultivos, mismos que han contado con un número reducido de asistentes y que no se apegan al procedimiento de consulta asentado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Expertos como lo son en las artes de la organización, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias se reunió el pasado 12 de julio en el municipio de San Luis Acatlán con los coordinadores regionales de autoridades comunitarias, el presidente municipal, tres diputados locales, uno de ellos de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, así como comisarios y delegados. La primera y muy importante puntualización fue que esa reunión era foro informativo, no de consulta, pues ésta es más compleja. De ello dan muestra los acuerdos que tomaron enfatizando que el proceso de consulta parte de la información, pero ésta por sí sola no es suficiente pues, como bien señalaron, se trata de un proceso que arribe a la construcción de acuerdos. De manera indirecta anotaron el tema de la representatividad al señalar que tratarían de ampliar la consulta a otras regiones. Por supuesto que debe hacerse y ello es responsabilidad del Estado, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

A escala federal hoy día existen cuatro proyectos de ley sobre consulta a pueblos indígenas; dos provienen de la Cámara de Senadores, uno de ellos con dictamen y remitido formalmente a la Cámara de Diputados, y dos de la Cámara de Diputados. Todos son inconsultos por más foros informativos que aleguen haber celebrado y lamentablemente es muy fácil concluir que ninguno supera la visión de foro de opinión o trámite y mecanismo administrativo. Con una tendencia implícita al enfoque de recabar y sistematizar opiniones más que al de construir acuerdos . De su lectura encontramos que marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos, algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. Llama la atención que en dos de ellos se excluye de la consulta el tema del presupuesto de egresos en materia indígena y en uno también lo hace respecto del nombramiento de mandos medios y superiores en los organismos dedicados a las políticas en el ámbito indígena. Por lo demás, se consolida la práctica parlamentaria de presentar iniciativas y, lejos de abrir un proceso de discusión y en su caso modificación, se presentan otras, todas quedan abiertas.

Uno de los saldos negativos de la crisis generada con la contrarreforma de 2001 fue la generación de un distanciamiento no sólo con los tres poderes de la unión, sino con los espacios internacionales. Sin embargo, hay signos de que se regresará a estos últimos. Por ejemplo, el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó este año revisar el texto del polémico artículo segundo constitucional.

Y en el caso de la hidroeléctrica La Parota, el relator especial para pueblos indígenas destacó en 2008 que, para justificar el desalojo, el Estado tiene la obligación de realizar una auténtica consulta a las comunidades afectadas, recomendando en su informe de ese año la suspensión del mismo (A/HRC/9/9/Add.1., 15 agosto 2008).

Al margen del resultado que el proceso específico en Guerrero tenga, es significativo que la policía comunitaria coloque la mirada en la correcta interpretación del derecho a la consulta previa, libre e informada, calificativos que no están de adorno, sino que deben aplicarse con buena fe y en un marco de construcción de acuerdos.

Nuevamente los pueblos desnudan la miope y muy trivial visión del neoindigenismo que padecemos, ése cuyo eje es la antiautonomía.