Integrantes de la Alianza Única del Valle AC presentaron quejas ante la relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las comisiones Nacional de Derechos los Humanos  (CNDH) y su homóloga del estado de México por el bloqueo a la libertad de tránsito y el secuestro de cientos de mexiquenses por el gobierno que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto.

Alfonso García, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Antonio Lara, vocero de la alianza, advirtieron que, lejos de resolver añejas demandas, el gobierno de Peña Nieto criminaliza las luchas sociales en esa entidad.

En rueda de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), relataron la retención que padecieron unos 800 colonos de los municipios de Atizapán, Nicolás Romero, Naucalpan y Jilotzingo, quienes viajaban en autobuses a Toluca para exigir la escrituración de predios y el cierre definitivo del tiradero de desechos biológicos de Jilotzingo, demandas presentadas hace 15 y dos años, respectivamente.

Los colonos no llegaron a su destino porque en la caseta Chamapa de la autopista La Venta-Lechería, 50 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal impidieron que llegáramos, por órdenes de la Secretaría de Gobierno estatal.

Los colonos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, decidieron seguir a pie y recorrieron 15 kilómetros desde la caseta, cerca de la entrada a La Marquesa, pese a las burlas de los funcionarios de Gobernación.

Trampa disfrazada de ayuda

En La Venta, empleados del gobierno estatal ofrecieron a los manifestantes cuatro camiones que supuestamente los llevarían a la plaza de los Mártires, en Toluca. Cansados y deshidratados, con niños en brazos, aceptamos la oferta, sin imaginarnos que se trataba de otra burla, destacó Lara, quien refirió que al llegar al kilómetro 35 de la carretera México-Toluca, en Ocoyoacac, fueron cercados por 800 granaderos divididos en cuatro grupos. Traían armas largas, armaduras y el rostro cubierto, pese a que nuestro movimiento era pacífico.

Lara comentó que durante cuatro horas fueron secuestrados. Ante la amenaza de que los reprimieran, llegaron a un acuerdo con representantes del gobierno de Peña Nieto.

García y Lara externaron su preocupación por los métodos de represión que usa Peña Nieto contra los movimientos sociales y llamaron a defender los derechos humanos en el estado.