Se subsanarían contradicciones y vacíos legales, consideran
Martes 20 de julio de 2010, p. 35
En distintos foros, dirigentes de partidos políticos, diputados locales, académicos y funcionarios electorales se manifestaron ayer por acelerar las reformas al Código Electoral del Distrito Federal y corregir así las contradicciones y vacíos legales que tiene ese ordenamiento, lo que también ayudará a contar con un marco legal que dé certeza y transparencia a los comicios que se realizarán en la ciudad de México en 2012.
Por la mañana, el presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa, Fernando Rodríguez Doval, encabezó una mesa de discusión en la que tomaron parte investigadores de la UAM y analistas políticos, como Javier Santiago Castillo y Jorge Alcocer, quienes señalaron que la cirugía mayor
que se debe hacer a ese código deberá incluir la revisión de puntos como fiscalización, topes de campaña y fortalecimiento de los órganos electorales locales.
La lideresa del PAN en la ALDF, Mariana Gómez, consideró que el código vigente provocó diversas contradicciones en las votaciones de 2009, y se manifestó por hacer a un lado los atropellos y prisas
al momento de reformar ese ordenamiento.
Más tarde, en conferencia de prensa, Carlos Augusto Morales, diputado del PRD, se pronunció por revisar la estructura del Instituto Electoral del DF, por ser de las más obesas
del país, lo que hace que esta ciudad sea donde más caro sale el voto.
En la sede del PRD-DF, el dirigente de ese partido, Manuel Oropeza, hizo un llamado a los diputados locales del sol azteca para que más allá de cuestiones de corrientes asuman y retomen la ruta de la discusión que acordó el instituto político para consensuar las reformas al Código Electoral.
En otro foro, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que el mejor legado para las siguientes generaciones es resolver, con visión del siglo XXI, el régimen jurídico y político de la ciudad, su relación con los poderes federales, las nuevas libertades y derechos que deben quedar protegidos en la constitución local.