En México no existe una legislación de estancias y guarderías infantiles que responda a una política de cuidado, aprendizaje y desarrollo de los niños, advirtió el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, y agregó que se deben establecer estándares mínimos en la materia, sobre todo porque 90 por ciento de las instalaciones son manejadas por particulares.

Indicó que el accidente ocurrido el año pasado en la guardería ABC, de Hermosillo, evidenció debilidades sustanciales en la operación y vigilancia en el Sistema de Guarderías y Estancias Infantiles en México, así como en el apego a la legalidad.

Señaló que las deficiencias en el sistema mexicano de guarderías se observan en la falta de homogeneidad en las normas que se aplican. Además de que la legislación no responde a una política de cuidado, aprendizaje y desarrollo de los niños. Resulta difícil dejar de ver las guarderías y estancias infantiles como espacios de cuidado temporal, de guarda de los niños, para solucionar las necesidades de sus progenitores, quienes al integrarse al mercado laboral se ven obligados a dejar a sus hijos al cuidado de terceros.

Advirtió que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a garantizar los derechos de la infancia a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral.

El actual sistema de guarderías o estancias infantiles incluye a las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), pero desde finales de la década pasada dentro de la corriente dominante de privatización de empresas y servicios públicos, el gobierno decidió recurrir a particulares para que asumieran la prestación de esos servicios, financiados con recursos públicos, modalidad que se ha llamado subrogación o promoción de empresas sociales.

Noventa por ciento de las estancias infantiles del territorio nacional son administradas por particulares, ante ello resulta indispensable fijar reglas precisas para las instancias gubernamentales y privadas, a fin de garantizar y proteger la seguridad, sanidad, cuidado, educación, alimentación y la calidad de los servicios que atiendan al sano desarrollo de la niñez en su educación inicial.

Destacó que se carece de una legislación en la materia tanto en el ámbito federal como estatal, ya que sólo existe la norma oficial NOM-167-SSA1-1997, dirigida a asistencia social de niños y adultos mayores. El IMSS cuenta con dos normas para la operación del servicio de guarderías, mientras las estancias infantiles del ISSSTE se rigen por un reglamento y Sedeso con reglas de operación.

Mencionó que hay iniciativas de leyes generales para regular los servicios de guarderías y estancias infantiles en el país, presentadas por el PRI, PAN y PRD. En la Asamblea Legislativa hay una que presentó la diputada Alejandra Barrales.

Explicó que al analizar estas iniciativas se encontró que solamente la del PRD considera los derechos de los niños, ya que el resto se enfoca más en instalaciones y seguridad, y poco a la calidad del servicio.

Consideró que aunque las iniciativas son positivas, no resuelven el asunto de fondo, que es la ausencia de una política pública en materia de cuidado, protección, aprendizaje y desarrollo de la primera infancia y, por tanto, de legislación, instituciones responsables y presupuestos claros.