Sandra Hernández Rico, una de las 17 personas oriundas del Distrito Federal que fueron deportadas recientemente por las autoridades de Arizona, fue víctima del uso excesivo de la fuerza agentes de migración, quienes le provocaron diversas lesiones. Actualmente está en tratamiento en la clínica Manuel Cárdenas de la Vega, en la delegación Gustavo A. Madero.

De 40 años de edad y madre de tres hijos, Sandra narró a este periódico que el 16 de abril pasado marcó su vida, porque no sólo fue víctima de la agresión de cinco agentes de la migra en Phoenix, sino además debió abandonar el país del norte sólo con dos de sus vástagos, de tres y 21 años, y después de haber perdido su negocio y quedar viuda.

La secuela del abuso en tierras estadunidenses es evidente: cojea y difícilmente puede permanecer largos ratos de pie o sentada. En entrevista reconoce que su futuro es tan incierto como lo fue su pasado: no tiene trabajo y no ha recibido el apoyo que ha solicitado a dependencias, como la delegación Gustavo A. Madero.

Desde mayo pasado, en que llegó a la ciudad de México, el principal respaldo lo ha recibido de la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene implementado un programa de protección para los capitalinos que han sido deportados de Estados Unidos a consecuencia de la ley Arizona. A pesar de que ésta todavía no entra en vigor, ya son comunes los operativos de detención contra migrantes, según narra Sandra Hernández.

–¿Llegaste como indocumentada a Arizona?

–No, yo entré con papeles; llevaba la visa de turista y llegué a Phoenix, Arizona, y no pedí trabajo, porque hice una inversión. Compré una lonchería, invertimos dinero en Estados Unidos.

Sin embargo, detalló que luego de la crisis económica que azotó a ese país en 2005 cerró su negocio, lo que agravó la enfermedad de su esposo, quien murió posteriormente de una embolia, en junio de 2008.

Señaló que fue detenida a finales del año pasado, acusada presuntamente de pertenecer a una red de traficantes de personas, pero luego de seis meses de estar presa en Arizona se mostró que no había pruebas en su contra, pero, en lugar de quedar libre, fue remitida a la oficina de migración.

Manifestó que cuando pidió hablar con un abogado fue sometida por un policía y al oponerse a los jaloneos fue agredida por cinco agentes de la migra.

Tengo problemas en la pierna derecha, porque ellos me sometieron entre cinco personas, me tiraron al piso, me esposaron y me lastimaron la pierna, detalló Sandra, quien no puede evitar el llanto al recordar este hecho.

Hoy apela a la sensibilidad de las autoridades para que pueda regularizar la situación de su hijo de tres años, que vive hoy con ella, y pueda recibir apoyo de las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, a cuyo titular, Víctor Hugo Lobo, envió una carta pidiéndole su intervención, y cuya respuesta todavía confía en que llegará.