Moscú, 16 de julio. Cualquier ciudadano o institución de este país –entendida, sobre todo, como agrupación política, organización no gubernamental o medio de comunicación– que no resulte del agrado del Kremlin podrá recibir un apercibimiento oficial aunque no haya incurrido en ningún ilícito, en caso de que, en opinión de los servicios secretos rusos, estén realizando acciones inadmisibles que crean condiciones para cometer un delito.

Además, el titular y los subdirectores del Servicio Federal de Seguridad (FSB, sucesor del KGB soviético en el ámbito interno) tendrán el derecho de advertir a cualquier presunto responsable cuando consideren –a su exclusivo criterio– que deberá suprimir las causas y condiciones que podrían contribuir a concretar una amenaza a la seguridad de la Federación Rusa.

Por absurdo que parezca, así lo establecen dos de las enmiendas más polémicas a la respectiva ley que los diputados de la Duma aprobaron este viernes, en su última sesión plenaria antes de empezar el receso estival, para ampliar de modo considerable las facultades del FSB.

En esta tercera y definitiva instancia, los diputados retiraron las cláusulas que provocaron mayor rechazo fuera del recinto legislativo, tanto en la oposición política como en la academia, relativas al cumplimiento obligatorio de los apercibimientos oficiales, así como a las medidas punitivas (elevadas multas y hasta 15 días de cárcel) que se pretendía imponer por ignorar las advertencias del FSB.

Proceso de impugnación

A diferencia del borrador inicial, se prevé un procedimiento de impugnación ante la justicia por los apercibimientos.

Se mantiene, en cambio, la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a personas o instituciones que se nieguen a cumplir las exigencias legales de un miembro del FSB o que entorpezcan las labores de éste, lo cual se presta a un margen de interpretación muy impreciso. Las multas van del equivalente en rublos de un mínimo de 214 pesos a un máximo de 214 mil, sin faltar el castigo hasta de 15 días de cárcel.

El Consejo de la Federación –la Cámara Alta del Parlamento ruso– ratificará las enmiendas el próximo lunes, en una sesión que puede calificarse de simple trámite, dado que sus integrantes son designados por el Kremlin.

Al agradecer hoy el respaldo de la mayoritaria bancada oficialista, Yuri Gorbunov, subdirector del FSB, dijo que las nuevas facultades permitirán a los servicios secretos combatir con más eficacia el terrorismo y el extremismo.

Todo apunta a que habrá muchas controversias a la hora de imputar estos dos conceptos. En el memorando de exposición de motivos que elaboró el FSB para los diputados, puede leerse, por ejemplo, que algunos medios de comunicación contribuyen abiertamente a formar procesos nega- tivos en el ámbito de los valores morales, a consolidar el culto del individualismo y la violencia, a cultivar la creencia de que el Estado no es capaz de proteger a sus ciudadanos, empujando con ello a los jóvenes a involucrarse en acciones extremistas.

Destacadas figuras de la oposición y la defensa de los derechos humanos denunciaron que por la deliberada ambigüedad de sus formulaciones, estas enmiendas otorgan carácter legal a las arbitrariedades del FSB.

Con cerca de 80 firmas de apoyo, la carta abierta que enviaron al presidente del Consejo de la Federación, Serguei Mironov, añaden que el FSB recupera los poderes que tenían los servicios secretos durante el régimen totalitario (estaliniano), y anota que sus impulsores buscan obtener un instrumento jurídico para intimidar masivamente a los inconformes, disidentes y críticos de las autoridades.

La víspera, la prestigiada ONG Memorial emitió una declaración en la que señala: No perdemos la esperanza de que cuando esta ley, en parte sin sentido y en parte peligrosa para las libertades de esta sociedad, sea sometida a consideración del presidente de Rusia, éste sepa evaluar adecuadamente su significado y la vete.

Horas después, Medvediev subrayó que el reforzamiento del FSB se lleva a cabo por iniciativa suya, con lo cual pulverizó la esperanza de la oposición de un eventual veto y, además, evitó fisuras públicas con el entorno del primer ministro Vladimir Putin, donde se habrían gestado las enmiendas.