Buenos Aires, 14 de julio. El Senado de Argentina debatía esta noche el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, en un enfrentamiento en el que algunos discursos parecían surgir del medievo, mientras en las calles se cruzaban las manifestaciones de uno y otro lado.

Algunas mujeres permanecían rezando ante el Congreso de la nación, convencidas de que se trata de una guerra de Dios contra el demonio y en defensa de la familia, y otros haciendo sonar vuvuzelas –un nuevo elemento que se introdujo en las manifestaciones locales después del Mundial de Futbol en Sudáfrica– manifestaban su apoyo en defensa de los derechos de las minorías.

Al cierre de esta edición continuaba el intenso debate y se esperaba una reñida votación en las próximas horas.

Anoche en una de las manifestaciones en contra de la ley de matrimonios gays, se escucharon incluso voces que pedían el retorno del 76, es decir, de una dictadura militar, ante la amenaza a la integridad de la familia y otros conceptos tan conocidos para los que vivieron los regímenes autoritarios que padeció el país.

Aunque este proyecto de ley fue introducido por legisladores no oficialistas, la oposición más dura es contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alentada por la cúpula eclesiástica, lo que ha transformado esta situación en un nuevo esquema de enfrentamiento.

En esta cruzada hay una particularidad, y es que el tema dividió las aguas en todos los bloques del Congreso.

Una comisión senatorial intentó cambiar lo aprobado en la Cámara de Diputados por otra propuesta de unión civil, lo que fue considerado anticonstitucional, porque ya no era un debate sobre lo consensuado en la cámara baja, y porque tenía graves contenidos que fueron calificados como discriminatorios, lo que provocó una oleada de protestas de los promotores de esta legislación.

El bloque oficialista sostenía que se había violado la Constitución, en su artículo 81, al cambiar intencionalmente los giros a comisión y violentar el reglamento y la historia.

El dictamen de minoría que avala el proyecto sancionado por los diputados cuenta con el apoyo del oficialismo y de parte de la opositora Unión Cívica Radical.

En las calles, con el frío inclemente, las discusiones tienen otro tono. Militantes de organizaciones sociales, estudiantes, legisladores, sindicalistas, siguen los debates y corean consignas. Y hay algunos encontronazos discursivos con los remanentes de los que ayer marcharon convocados por la cúpula de la Iglesia en la guerra de Dios.

El ministro de Economía Amado Boudou, citado por la agencia oficial Télam, sostuvo por su parte que la ley es un avance de la sociedad que tiene que ver con el acceso a derechos civiles y que las distintas marchas no tienen demasiada importancia: lo importante es ver a una sociedad que avanza en la igualdad de derechos.

Por otra parte, César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), destacó que esta organización logró dar un debate esencial en la sociedad alrededor de la familia, porque nuestra campaña afirma que somos familias, y agradeció la respuesta de la sociedad que acompaña esta demanda y a los medios de comunicación.

También mencionó con emoción los discursos hermosos de senadores heterosexuales y padres de familia, en favor de nuestros derechos, y sostuvo que respetaban las posiciones contrarias, pero a lo que nos oponemos es a la imposición de ese dogma a toda la nación, porque estamos hablando de leyes civiles en una sociedad diversa.

Otro tema que salió a luz en estos días es el apoyo de autoridades de la Iglesia a la pasada dictadura militar y a la participación de sacerdotes junto con represores en crímenes de lesa humanidad, dejando solos a los religiosos que se enfrentaban a estos crímenes. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó a la Iglesia, porque nunca se pronunció por los 500 niños que nos robó la dictadura y tampoco ha condenado este delito probado del padre Jullio Grassi, que fue encontrado por la justicia responsable de abusos hacia menores.