Querétaro, Qro., 10 de julio. El alcalde panista de esta capital Francisco Domínguez rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó haber dado la vuelta a la situación adversa al problema financiero que le dejó su antecesor del PAN, Manuel González Valle, al pagar la deuda de 482 millones de pesos de los casi 800 millones que el municipio tenía con proveedores y acreedores desde la pasada administración.

Sin embargo, aún no hay sanciones contra funcionarios de esa administración según el presidente del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas (TMRA), Óscar García González, y el auditor superior de Fiscalización municipal, Juan Pablo Rangel Contreras.

En octubre de 2009, Domínguez Servién y el titular de Finanzas local, Manuel Alcocer Gamba, revelaron que al iniciar operaciones en el gobierno municipal, el primero de octubre de 2009, detectaron que su antecesor les dejó un pasivo de 283 millones de pesos por gastar más en comparación con lo que ingresaba en presupuesto, al igual que una presión financiera de 200 millones de pesos más para pagar aguinaldos a trabajadores, a la que se sumaba como una deuda por préstamo crediticio de anteriores administraciones por 308 millones de pesos.

Para subsanar ese problema financiero, el gobierno municipal desarrolló un plan de austeridad, que consistió en reducir gastos administrativos y el recorte de personal para obtener recursos extraordinarios por 120 millones de pesos anuales, así como un nuevo préstamo por 400 millones de pesos para pagar pasivos.

El auditor superior Rangel Contreras indicó en entrevista, que diversas auditorías revelaron que hubo mala planeación y mala administración del gasto en el periodo 2006-2009 y turnó las observaciones detectadas al TMRA para que impusiera las sanciones que así correspondan.

Dijo que las observaciones detectadas fueron de diferente índole y en áreas del gobierno local, como DIF, Secretarías de Finanzas y de Administración, así como el parque Bicentenario; señaló que se otorgaron adjudicaciones directas indebidas, contratos o licitaciones que no cumplían con los requisitos.

Ejemplificó que en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales detectaron 50 observaciones y 10 en la Secretaría de Finanzas.

Por su parte, García González indicó que están abiertas 20 investigaciones (una por cada dependencia), por posibles irregularidades en el manejo administrativo del recurso y funcionarios de la pasada administración deberán responder por escrito y adjuntar la documentación comprobatoria sobre las observaciones realizadas.