En víspera de que concluyera la consulta pública sobre la venta de la llamada comida chatarra en escuelas, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) decidió ampliarla 10 días hábiles más ante el incremento de comentarios registrado en esta semana, la mayoría de la sociedad civil, con lo que se revirtió el predominio de opiniones del sector privado que se dio al principio del proceso.

En un solo día –martes 6 de julio– la Cofemer recibió 160 comentarios, lo que representa 40 por ciento de los 403 expedientes que acumuló desde el 10 de junio, cuando arrancó el proceso.

Setenta y cinco por ciento del total de opiniones, es decir, 307, son de la sociedad civil; 22.5 por ciento corresponden a 91 expedientes enviados por el sector privado (asociaciones, cámaras industriales y empresas), y sólo 1.2 por ciento, equivale a cinco comentarios que provienen del gobierno, según estadística de la Cofemer.

En lugar del 8 de julio será hasta el 22 de este mes cuando la Cofemer emita un dictamen preliminar sobre los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, nombre oficial del anteproyecto que elaboraron las secretarías de Educación Pública y de Salud.

Originalmente las autoridades determinaron que la consulta pública duraría 20 días, pero la Cofemer justificó ampliarla a 30, dado el interés mostrado por la sociedad en general y la gran cantidad de comentarios vertidos sobre la regulación en los últimos días, además de que así lo permite la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

En la primera semana de consulta hubo nueve comentarios y para la segunda subieron a 40, la mayoría emitidos por asociaciones y cámaras de la iniciativa privada o empresas en lo particular, mientras se contabilizaban cinco de madres de familia y ninguno de organizaciones civiles o de consumidores, como dio a conocer en su momento este diario.

Los criterios económicos y las advertencias de que los lineamientos adolecen de sustento jurídico fueron los argumentos que prevalecieron en la primera quincena de la consulta, debido a que fueron remitidos por organizaciones como ConMéxico, Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, las cámaras nacionales de Industria de Conservas Alimenticias, de Aceites y Grasas y la Panificadora, entre otras.

En la tercera semana, que abarcó del 25 de junio al primero de julio, los comentarios se dispararon a 140, y desde entonces al pasado martes rebasaron los 210, de los cuales los del sector privado representan la quinta parte y ya se incluyen las opiniones de organizaciones y profesionales de la salud, como Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Dirección General de Alimentación del DIF, Academia Nacional de Medicina de México, entre otros.

Los 160 comentarios recibidos el martes cuadriplican los del 28 junio, cuando se contabilizaron 40, el máximo registrado hasta entonces, ya que en los restantes días nunca superaron la treintena, según el organismo dependiente de la Secretaría de Economía.