En votación dividida (6 a 5), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer analizar la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y que éstos adopten menores en el Distrito Federal. La discusión del asunto empezará el próximo 3 de agosto, después del receso vacacional de los ministros. Por lo pronto, el documento fue subido a Internet para conocimiento general.

Una vez que el pleno rechazó el dictamen en el que desechaba la demanda presentada por la PGR en contra de la reforma al Código Civil capitalino, Sergio Valls sorprendió a sus compañeros y les entregó un nuevo proyecto de resolución en el que confirma la constitucionalidad de los matrimonios homoparentales y su derecho a adoptar, además del derecho que tienen los niños a tener una mejor opción de vida, al margen de la orientación sexual de la mujer o del hombre solteros, o de si se trata de un matrimonio heterosexual o de personas del mismo sexo.

La mayoría, conformada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío, Sergio Aguirre, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Arturo Zaldívar, consideró que si bien el artículo 146 del Código Civil, referente a los requisitos para adoptar menores, no fue modificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, los cambios al artículo 391 del citado ordenamiento –que permitieron los matrimonios entre personas del mismo sexo– modificaron la concepción y todo el sistema familiar del matrimonio.

La minoría, encabezada por Sergio Valls e integrada por José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Luis María Aguilar, argumentó que al no haber reformado la Asamblea capitalina la normatividad sobre adopción, no se había producido un nuevo acto legislativo, y por tanto la Corte no podía conocer una demanda en contra de un artículo que fue reformado por última vez hace cinco años, siendo que la ley fija 30 días para que una norma recién promulgada sea controvertida en la Corte.

En el nuevo documento de Valls se indica que la Constitución no prevé un tipo de familia ideal, además de que la dinámica social demuestra que hay gran variedad de formas en que puede integrarse una familia –nuclear, monoparental, extensa, homoparental–, que no siempre derivan en matrimonio. Familias todas que, innegablemente, tienen la misma protección constitucional.

En respuesta a los planteamientos de la PGR, que se opone a que los matrimonios de un mismo sexo puedan adoptar, Valls subrayó que establecer a priori que una pareja homosexual o lesbiana no deben adoptar, una vez satisfechos los requisitos legales, constituiría una discriminación por orientación sexual, proscrita por el artículo primero constitucional.

Además, dijo, lo que debe garantizar el legislador es que en el procedimiento para autorizar la adopción de un menor ésa sea la mejor opción de vida del menor, al margen de si se trata de un matrimonio heterosexual o de personas del mismo sexo.

Tampoco es válido el argumento de la PGR, indicó, de que la adopción colocará al menor en situación de desigualdad frente a menores que tengan familias heterosexuales y que serán objeto de discriminación social, porque existe una gran diversidad de familias, y sostener lo que dice el procurador sería tanto como decir que todos los niños y niñas que crecen en familias distintas están en desventaja frente a los otros.

Además, en un Estado democrático de derecho, el legislador debe buscar la eliminación de las diversas formas de discriminación e intolerancia que se presentan en la sociedad.”

En uno de los dictámenes que contiene el proyecto de Valls, se incluye la opinión técnica solicitada a la UNAM sobre ese punto. La máxima casa de estudios concluyó que la legalización del matrimonio homosexual puede tener un efecto positivo para la sociedad, porque puede ayudar a fortalecer la pluralidad social y la integración definitiva de las personas homosexuales en todos sus ámbitos.