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Proponen crear frente contra la tortura
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de junio de 2010, p. 14

Patricio Patiño Arias, subsecretario del Sistema Penitenciario federal, advirtió que no basta que el marco jurídico prohíba los tormentos o los malos tratos. Es necesario proporcionar las herramientas que incidan efectivamente en las condiciones que los favorecen, expresó al participar en Las jornadas contra la tortura 2010.

El director de derechos humanos de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín, afirmó que el número total de quejas recibidas por la CNDH ha disminuido considerablemente pasando de 225 en 1991 a 4 en 2007 y a 12 en 2009.

Patiño Arias expuso que “los sistemas penitenciarios se han percibido como meras administraciones carcelarias –un mal necesario– y no como servicios públicos. Sus funciones no son prioridad al momento de asignar recursos, por lo que no hay las inversiones requeridas para contar con una operación segura y con personal suficiente y capacitado en la materia.

El sistema penitenciario no se incluye en la discusión sobre políticas públicas o cambios legislativos que tienen efectos directos sobre su operación.

Por ello, agregó, el gobierno federal está haciendo su parte, con un esfuerzo por modernizar al sistema penitenciario federal que se traduce en la decisión de asumir la custodia de la totalidad de los internos del fuero federal del país para 2012. Esta acción permitirá a los estados hacer las reorganizaciones necesarias para estabilizar sus sistemas. Inversiones sin precedente, tanto para ampliar la infraestructura existente como para fortalecer la capacidad de operación del sistema, pero centrada en los procesos de reinserción social, en cumplimiento del artículo 18 constitucional.

En tanto, Alejandro Negrín, quien señaló que de acuerdo con reportes internacionales la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos por actos de tortura ocurren en el sistema penitenciario, indicó: la lucha contra la tortura requiere una alianza en la que trabajemos de la mano las instituciones del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH.