El gobierno de México solicitó a una corte federal de distrito en Arizona que se declare la inconstitucionalidad de la ley SB 1070 y se impida su entrada en vigor.

Mediante una carta como amigo de la Corte y en lo que es la primera acción concreta que se realiza para enfrentar la legislación antinmigrante aprobada el pasado mes de abril, la administración calderonista se sumó a la demanda que en el mismo sentido presentaron organizaciones civiles de Estados Unidos, como el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

México podrá dotar de información al juez con el propósito de enriquecer su criterio, informó la cancillería, e indicó que en la solicitud se resaltó que es fundamental e imperativo el reconocimiento de los derechos humanos y civiles de los mexicanos cuando se encuentren presentes en Arizona o en cualquier otra entidad de Estados Unidos.

La ley SB 1070, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de julio próximo, tipifica como delito la migración indocumentada y faculta a las autoridades policiacas para detener e interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, sin más argumento que la sospecha de no contar con papeles.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, suscribió la ley a pesar de los planteamientos en contrario que le hicieron organismos civiles nacionales e internacionales; incluso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la norma por ser discriminatoria. Durante la visita que realizó el presidente Felipe Calderón a ese país el pasado mes, ambos mandatarios coincidieron en su rechazo a la también conocida como ley Arizona.

Calderón subrayó el respeto por la política interna estadunidense, aunque subrayó su firme rechazo a la ley porque parte de principios discriminatorios.

Obama señaló que es una expresión mal dirigida del problema migratorio, y debido a que se puede aplicar de manera discriminatoria, el Departamento de Justicia la está analizando.

En tanto, la carta enviada por el gobierno a la corte de Arizona señala que México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios.