Por unanimidad, diputados locales de PRD, PAN y PVEM aprobaron ayer, en comisiones unidas, reformas a las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) del Distrito Federal, por las cuales se otorgan facultades a los agentes del Ministerio Público y jueces para conocer y perseguir el delito de narcomenudeo en la ciudad de México.

Durante la sesión ordinaria de las comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, los diputados sacaron también adelante modificaciones a las leyes de Extinción de Dominio, Contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal, todas de esta capital, para cerrar el cerco financiero a la delincuencia organizada, mediante la inclusión de sanciones y aseguramiento de sus propiedades a quienes encubran y presten sus bienes para la comisión de ilícitos.

Ambos paquetes de reformas serán presentados ante el pleno de la ALDF durante el periodo extraordinario de sesiones que se tiene previsto para los próximos 28, 29 y 30 de este mes. Incluso, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que se tienen 10 dictámenes que fueron aprobados con anterioridad, para que sean discutidos y votados.

Citó entre ellos las reformas para sancionar la sustracción de menores, la usurpación de identidad, la prescripción del delito de abuso sexual infantil hasta que la víctima cumpla 18 años, y la creación de la figura del abogado victimal para menores infractores.

En torno a los trabajos de ayer en comisiones unidas, los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de Extinción de Dominio –que les envió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard–, en las que se incluye como delito patrimonial el encubrimiento por receptación, entendido éste como la organización de varios sujetos para la comisión de un ilícito, independientemente del nivel de participación. A este tipo penal se le aplicará la extinción de dominio, al igual que a los delitos de robo de vehículos y de extorsión vinculada a la delincuencia organizada.

Respecto al tema del narcomenudeo, las modificaciones aprobadas obligan a los centros públicos y privados de atención a la adicción a informar a la Secretaría de Salud sobre el número de pacientes y tratamientos contra la farmacodependencia que aplican en sus instalaciones.

Además, deberán crearse centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación de la farmacodependencia.