Ixtapan de la Sal, Méx., 21 de junio. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseveró que es necesario externar que no debemos tolerar en forma alguna que un servidor público o un particular pretenda disminuir o debilitar los derechos de los periodistas y el derecho de la sociedad a estar debida y plenamente informada.

Al participar en el foro binacional de medios de comunicación Los retos de la inseguridad y la violencia México-Estados Unidos, el ombudsman nacional sostuvo que no hay justificación para que servidores públicos pretendan coartar o intimidar el ejercicio de la labor periodística. Se debe buscar y conseguir que la democracia se ejerza plenamente y se pueda hacer realidad lo que señalan la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Constitución Mexicana.

El titular de la CNDH apuntó que la imputación de hechos falsos constituye un agravio del Estado a la sociedad que tiene derecho a contar con información veraz que permita conocer qué es lo que sucede.

Refirió que en la CNDH es frecuente que se utilice la información que publican los medios de comunicación sobre casos de violaciones a las garantías básicas, y después de que son investigados en muchos casos suelen ser corroborados con evidencias, con pruebas contundentes que permiten probar la diferencia entre la versión oficial y la realidad.

Plascencia Villanueva, en su participación en este seminario, dijo que anualmente ocurren en el país 12 millones de delitos, pero apenas se denuncian 1.5 millones y sólo se alcanzan a realizar 150 mil sentencias penales; el sistema no da para más.

Destacó que desde hace por lo menos cinco años la población penitenciaria nacional se mantiene en alrededor de 26 mil internos, y entonces la pregunta es: ¿qué ha pasado con los demás reclusos?

También hizo mención de los casos de las indígenas queretanas Jacinta, Teresa y Alberta. Según la versión oficial esas mujeres pobres e indígenas habían secuestrado a varios agentes judiciales y por ello estuvieron encarceladas cuatro años, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no había elementos para acusarlas.

Otro caso que citó fue el michoacanazo, en el que 33 presidentes municipales fueron arrestados y hoy sólo quedan 14 detenidos, el resto salió libre por falta de pruebas. Han ocurrido fallas, la sociedad descubre que algo no se había hecho bien, y puede haber una actitud deliberada de detener a los inocentes.

El ombudsman nacional subrayó que no hay justificación para que los funcionarios pretendan que sólo lo que se publique la versión oficial; ello coartaría el derecho a la información.