l pasado 3 de abril, en la carretera que va de Reynosa a Nuevo Laredo, a la altura de Ciudad Mier, en Tamaulipas, efectivos del Ejército atacaron con armas largas y granadas el vehículo en el que viajaban los integrantes de la familia Almanza Salazar. En la acción murieron los niños Bryan y Martín y resultaron heridos sus padres, Martín Almanza Rodríguez y Cinthia Salazar Castillo, y un adulto más.

Desde los momentos posteriores al ataque, los sobrevivientes dieron a conocer su versión de los hechos, la cual despertó indignación social y fortaleció las críticas al uso de las fuerzas armadas en la lucha oficial contra la delincuencia organizada y, en general, a la estrategia gubernamental de seguridad.

Casi un mes después, el 30 de abril, el titular de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), José Luis Chávez García, respaldado por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, atribuyó las muertes de los menores y las lesiones sufridas por sus padres a un fuego cruzado entre uniformados y sicarios, y aseguró que habían sido estos últimos los que lanzaron contra el vehículo atacado la granada cuyas esquirlas mataron a los niños. Sin embargo, Almanza Rodríguez y Salazar Castillo, así como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, negaron que hubiese ocurrido un enfrentamiento.

Posteriormente, el 16 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio la razón a las víctimas y determinó que el vehículo familiar había sido sometido a fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército, que la versión de la PGJM no tiene sustento ni apego a las evidencias y que la autoridad militar había realizado un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias.

En lugar de acatar las recomendaciones de la CNDH, de admitir el gravísimo atropello de que fue víctima la familia Almanza Salazar y corregir su estrategia de combate al crimen organizado –contexto inocultable del crimen de Ciudad Mier–, el gobierno federal ha buscado minimizar y descalificar el informe del ombdusman: Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, pretendió relativizar la gravedad de las conclusiones de la CNDH con el argumento de que éstas sólo habían recogido una versión de los hechos, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio dos semanas para responder al señalamiento. Ayer, ante un silencio oficial complementado por filtraciones orientadas a desvirtuar las conclusiones del ombudsman, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, precisó que la investigación de esa institución tomó en cuenta, además de los testimonios de los sobrevivientes del ataque y de otros familiares, los de cuatro testigos que pasaron por el sitio del ataque, los de los médicos y enfermeras que atendieron a los heridos y los de los peritos que acudieron al lugar de los hechos.

La pretensión de ignorar o descalificar las conclusiones del ombdusman y de demorar una respuesta a ellas es insostenible y abona la sospecha de que se pretende fabricar un escenario compatible con la versión de la PGJM o reciclar el que se presentó el 30 de abril. Ello, a su vez, fortalece la impresión de que el gobierno federal busca sustraer a los responsables de la muerte de Martín y Bryan de la acción de la justicia. Para el gobierno resulta impostergable la disyuntiva de presentar pruebas contundentes y puntuales de sus dichos o reconocer que el 3 de abril se cometió una gravísima violación a los derechos humanos y que desde entonces se ha venido tratando de encubrirla, y llevar a los culpables de ambas acciones ante las instancias de justicia correspondientes.

En una perspectiva más amplia, es ineludible la necesidad de avanzar en la supresión del fuero militar para delitos cometidos contra civiles. Tal reforma es requerida no sólo para prevenir la comisión de neuvos atropellos, sino también para restaurar y preservar el prestigio y la credibilidad de las propias fuerzas armadas.