Las complicaciones que han tenido los bloqueos de algunas televisoras de cobertura nacional para difundir los espots electorales en los estados donde hay comicios, o impedir su transmisión cuando violen la ley, se han convertido en un problema para la equidad y un desafío para el Instituto Federal Electoral (IFE), en especial en los casos donde ha estado involucrado el gobierno federal. Por ello la necesidad de revisar a fondo el tema para impedir que en las elecciones presidenciales de 2012 se redite el intervencionismo gubernamental como en 2006.

El tema debe verse con perspectiva al año 2012. Nada sería más indeseable para el país que se repitiera la escena de 2006 y ello se pudiera interpretar como un esquema de apoyo al candidato del partido en el poder. Ello representaría un retroceso en la reforma acordada e impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió el consejero electoral Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.

Para el consejero Alfredo Figueroa, es tiempo de que el IFE haga una revisión del problema de la no aplicación de los bloqueos en algunas entidades donde hay elecciones, pues representa incumplimiento de los preceptos constitucionales que prohíben la difusión de obra pública en procesos comiciales. Subrayó que este incumplimiento afecta una parte importante del modelo de comunicación vigente, y por ello consideró que concesionarios y gobierno federal, así como los estatales y municipales, deben asumir la responsabilidad política de no incidir en las contiendas.

La polémica sobre los bloqueos se inició con los múltiples incumplimientos de Tv Azteca en diversos estados, que le valieron millonarias multas, pero se reavivó con el activismo del gobierno federal en la difusión de propaganda en las entidades donde hay elecciones. Ello motivó sendas quejas del Partido Revolucionario Institucional contra el gobierno federal por difundir propaganda oficial en los lugares donde hay comicios.

Aunque en ambos casos se han dictado medidas cautelares para retirar los promocionales del aire y evitar así su efecto electoral, al resolverse el primer procedimiento sancionador se determinó que el gobierno federal no tenía responsabilidad, en la medida en que remitió un oficio a los concesionarios solicitando que no se difundieran en esos estados.