Mazatlán, Sin., 15 de junio. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso del asesinato de 28 reos del penal de Mazatlán, ocurrido este lunes, informaron autoridades de procuración de justicia en la zona sur del estado.

Al menos 35 personas entre internos, personal administrativo y el director de la prisión, José Antonio Sáinz León, fueron citados a declarar ante el Ministerio Público Federal.

El subprocurador de Justicia estatal, Sergio Avendaño Corral, dijo que este martes personal de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa continuó las revisiones en los módulos de la penitenciaría, donde se encontraron algunas puntas de metal que sirven de armas blancas.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad aclaró que no fueron 29 sino 28 los internos muertos en la refriega, la mayoría del cártel de Los Zetas, como resultado de un ajuste de cuentas perpetrado por internos del cártel de Sinaloa.

Un interno que resultó herido y fue trasladado a un hospital había sido dado por muerto por las autoridades, pero hoy precisaron que está gravemente lesionado. También convalecen dos agentes de la Policía Estatal Preventiva, y un custodio.

Josefina de Jesús García, titular de la dependencia, dio a conocer que se inició un proceso interno de investigación para determinar si existió responsabilidad de funcionarios en la introducción de las armas que usaron los reos y proceder administrativa o penalmente.

Por su parte, el alcalde de Mazatlán, el priísta Jorge Abel López Sánchez, consideró que las autoridades federales deben separar los reos de alta peligrosidad o trasladarlos a sitios donde exista más control y vigilancia para evitar matanzas como la del pasado lunes.

En la ciudad de México, el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño Arias, aseguró que la ejecución de 28 internos en el penal de Mazatlán fue facilitada por un esquema de seguridad poco propicio para esa instalación, y las autoridades estatales habían comentado que una situación de este tipo era previsible. El funcionario dijo durante una entrevista radiofónica que el trasladado de reos peligrosos de instalaciones locales a federales toma tiempo, debido a los trámites que se deben realizar con los jueces que llevan sus procesos penales.

Patiño Arias mencionó que el sistema de prisiones federales alberga a más de 2 mil internos del fuero común y que en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha ido disminuyendo el gran número de delincuentes acusados de delitos federales que está en las prisiones locales.

Por otra parte, en Tabasco, Carlos Alberto Hernández Santiago, ex director del Centro de Readaptación Social del estado y siete ex custodios fueron consignados por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado.

El pasado 10 de mayo, Hernández Santiago y los celadores fueron detenidos por efectivos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –dependiente de la Procuraduría General de la República– y puestos bajo arraigo durante 30 días.