La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Red Ciudadana de no Violencia y Dignidad Humana enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero, y en él resaltan que no hay voluntad política del Estado mexicano para dar puntual cumplimiento a los resolutivos, donde, además, ya venció el plazo.

Las organizaciones informan a la Coidh: Resalta el incumplimiento en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la sentencia del 10 de diciembre de 2009.

Subrayan que en el caso de los servicios de salud y sicológicos que el Estado debe garantizar a las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas, el gobierno se ha negado a garantizarlos argumentando falta de presupuesto, y se ha resistido a brindar servicios integrales de salud para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana. En el caso de las indagatorias, el Estado mexicano se ha negado a reiniciar las investigaciones de violencia sexual y asesinatos de las jóvenes Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, de conformidad con lo que la corte fijó en el resolutivo 12.

Amenazas a familiares

Las organizaciones acusan que el gobierno de Chihuahua se ha negado a redireccionar las investigaciones del caso Campo Algodonero para abrir nuevas líneas de indagación; por ello, solicitan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

De igual forma, los organismos defensores de derechos humanos y la asociación de abogados resaltan que el Estado sigue sin dar resultados sobre la investigación de las denuncias penales presentadas contra los servidores públicos que cometieron una serie de irregularidades en la tramitación del caso Campo Algodonero, y que además amenazaron a los familiares de las víctimas.

Subrayan que el Estado mexicano estaba obligado a elaborar, antes del 10 de junio de este año, una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los últimos 17 años, pero esa página electrónica es inexistente.

Manifestaron asimismo su preocupación ante el inminente incumplimiento de los resolutivos que vencen el próximo 10 de diciembre y que son, entre otros: el memorial de las víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, donde las autoridades se niegan a reconocer que deben incluirse a todas las mujeres y niñas asesinadas. Consideran incluir únicamente los nombres de las tres víctimas que llevaron el caso ante la Coodh.

Para concluir indicaron que en lo relativo a una base de datos con información genética de familiares de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, a la fecha el gobierno federal no ha emprendido ninguna acción en este sentido.