La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la posibilidad de resolver una injusticia flagrante con el caso de los encarcelados de San Salvador Atenco y con ello contribuir a distender el clima de inseguridad, tensión y miedo que hay en el país, asentó Adolfo Gilly, catedrático de la UNAM, en la presentación del informe denominado Doce presos por la defensa de la tierra, realizado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Agustín Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria, Servicios y Asesoría para la Paz, Comité Cerezo México y el Seminario de Acompañamiento Sicosocial.

Ante integrantes del Comité Libertad y Justicia para Atenco, investigadores y estudiantes reunidos en un aula del Centro Universitario Cultural, el también colaborador de La Jornada puntualizó que la liberación de los presos repararía la prosecución de una injusticia. Hay una expectativa en torno a la resolución que asuma la SCJN; de ser favorable, habrá un suspiro de alivio; de lo contrario, se estará bajando la cortina a la justicia, dijo.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que el caso muestra la administración de la venganza por el abuso del derecho penal y es el reflejo de por qué la justicia es un cuello de botella para la democracia en México.

Manifestó su preocupación por el retorno de fenómenos de persecución contra luchadores sociales, que se dio en los años 70 y 80 del siglo pasado. Se está reproduciendo una cadena de impunidad y se ha dejado de hacer justicia, advirtió.

Destacó que la resolución de la SCJN sobre el caso de San Salvador Atenco –que se espera aborde a finales de este mes– será muy importante para detener la impunidad, e hizo un llamado a las organizaciones no gubernamentales para que vuelvan a construir una agenda común, pues el escenario, más allá de los procesos electorales, puede ser de violencia.

Antes, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Simón Hernández, del Pro; Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, y Manuela Arazabia, del Seminario de Acompañamiento Psicosocial, al dar a conocer aspectos del informe refirieron que hay una tónica de criminalización hacia los luchadores sociales y un uso faccioso de la justicia para inhibir cualquier intento de organización y exigencia de derechos.

Las penas impuestas a los 12 presos de Atenco son injustificadas; las sentencias impuestas a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, dirigente e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), respectivamente, demuestran la aplicación discrecional del sistema penal en contra de quienes se organizan y exigen, señalaron

En el prólogo del informe, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, asienta que la herida del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando más de 3 mil 500 agentes de distintas corporaciones policiacas reprimieron la protesta campesina de habitantes de San Salvador Atenco, está abierta. Organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no perdonan el agravio que sufrieron. Mantienen viva la memoria y la indignación.

Los campesinos de Atenco tuvieron la mirada de la opinión pública tras lograr la cancelación de la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto en Texcoco, proyecto que se pretendió impulsar durante la administración del presidente Vicente Fox.