Hay que desbrozar la información oficial, buscar bajo el maquillaje de sus cifras para conocer la realidad, recomienda el periodista José Reveles.

De ese modo –señala– se pueden desmentir las más recientes declaraciones del presidente Felipe Calderón y su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quienes aseguran que 90 por ciento de los 23 mil muertos que ha dejado la violencia ocasionada por el crimen organizado en los últimos tres años son víctimas del narco. Y que además se matan entre ellos. Estos números no cuadran y es muy fácil argumentar por qué, sostiene.

Ellos admiten que sólo entre 2 y 3 por ciento son víctimas civiles. Pero por mero seguimiento hemerográfico, puede demostrarse que hay más de 10 por ciento de bajas del Ejército, policías federales, locales y estatales. Entonces, las cifras no dan. Si 90 por ciento se matan entre sí y son narcotraficantes, y 10 por ciento son civiles, policías y militares que ellos asesinan, esto da 100 por ciento. ¿A cuántos está matando el gobierno en su guerra? De acuerdo con esta lógica, a nadie. Es una manipulación terrible.

Con este ejercicio de seguimiento puntual de la noticia, de consultas permanentes de fuentes alternativas y del cruce sistemático de la información, Reveles (1944, Distrito Federal) logra en sus dos libros más recientes –Las historias más negras del narco (Edición Debolsillo) y El cártel incómodo: el final de los Beltrán Leyva y la relación con El Chapo (Grijalbo Mondadori)–, elaborar un mapa del México violento de nuestros días, con su derecho y su revés, con las celebridades del mundo de la mafia y la política, pero también con la voz de las víctimas, a quienes llama “los ni-nis”, los invisibles.

Historias bien negras y periodismo duro

–¿Qué certeza se puede tener en los reportes que describen los mapas de los territorios que controlan los cárteles, sus alianzas y rupturas, muchos de ellos basados exclusivamente en fuentes policiacas o militares?

–No hay certezas absolutas, pero mucho se logra con contrastar las verdades oficiales, que casi siempre son propagandísticas, con los estudios de quienes sí están de tiempo completo en el tema.

Por ejemplo, el gobierno dice que ha capturado a 50 mil narcotraficantes. Al contrastarlo con el número de averiguaciones previas, procesos judiciales y condenas, resulta que menos de 3 por ciento de los detenidos llega a una sentencia del juez.

–¿En cuanto a trazar las reparticiones de territorio, las alianzas, las disputas, la geografía de los cárteles?

–Mito y realidad van a la par. Uno tiene que ser muy selectivo. En el inicio del sexenio de Calderón, de pronto la PGR dejó de hablar de siete cárteles y a decir que sólo eran tres, lo que es una reducción ficticia, porque ni son sólo tres ni sólo siete.

“Hay subgrupos. El gobierno dice que ataca a los tres por igual. Da cifras incluso en inserciones pagadas. Sostiene que del total de capturas, 27 por ciento son del Golfo-Zetas, 23 por ciento del de Sinaloa y así sucesivamente. Recién ahora, en Estados Unidos, la Radio Pública recibe a Calderón confrontándolo con un estudio propio basado en información de la misma PGR, y resulta que los capturados del Golfo-Zetas son 44 por ciento contra 12 por ciento del de Sinaloa. Se abre la brecha. Pero eso sólo se refiere a la captura. Vamos a ver la consignación, el proceso y las condenas. Eduardo Buscaglia sostiene que de 55 mil supuestos narcotraficantes capturados –el año pasado; la cifra actualizada es de 74 mil–, unos cuantos cientos son del cártel de Sinaloa y ni 2 por ciento pisaba la cárcel.

Los nuevos ni-nis

Reveles asegura que los levantados-desaparecidos durante el régimen de Calderón ya duplican –al menos– el número de detenidos-desaparecidos de los años 60, durante la guerra sucia de Luis Echeverría, que oficialmente ascienden a 532. “Tengo una cuantificación muy incipiente recopilada de diversas agrupaciones civiles. Asociación Esperanza, de Tijuana, reclama más de 400 levantados; en Ciudad Juárez hay más de 200 reportados por lo mismo, y en Coahuila hay 125 documentados por la diócesis y el centro de derechos humanos Juan de Larios. Hace unos días escuché que sólo en Cuencamé, Durango, hay 60, además de los 13 periodistas”.

Agrega: los de La Laguna, Michoacán, Guerrero y Culiacán no están en ninguna contabilidad del gobierno. “Los llamo los ni-nis: ni los investigan, ni se sabe de sus paradero, ni funcionan las averiguaciones ni hay responsables”.

–¿Qué hay atrás?

–La paramilitarización. ¿Quiénes son los que levantan a los desaparecidos de hoy? Nadie sabe; van encapuchados, uniformados muchas veces. Militares, paramilitares, policías, narcos... ¿qué son?

“Hay un documento de la Asociación Esperanza. Sus activistas recorrieron durante dos años las carreteras desde Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta Baja California. Dan cuenta de retenes falsos y señalan los lugares precisos. Hay retenes oficiales, pero también hay falsos. Los montan policías locales con delincuentes. Tienen sus madrinas, sus bajadores. Detienen, esculcan, extorsionan, roban. Si es de noche, te pueden desaparecer. Eso está pasando en todos los caminos de México. Por eso ocurrió la ejecución de los jóvenes que venían de recibir su beca de Oportunidades en la sierra de Durango. Así se da la balacera contra una familia que iba a la playa en Matamoros, en la que mueren dos niños. Hay desgobierno en muchos sitios del país.

“La tesis oficial es que 90 por ciento de las muertes ocurren entre delincuentes, pero, ¿qué porcentaje es responsabilidad del Ejército y las policías? A todos los meten en la misma cuenta y en la misma fosa común. Todos los meses llegan cientos de denuncias a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a las comisiones estatales, a las organizaciones, lo que desmiente la tesis oficial.

–¿Qué pasa con esas denuncias?

–Nada. Se van al vacío. Yo te puedo dar algunos datos: hay 12 vendedores de pintura desaparecidos en Ecatepec; seis vendedores de joyería de Ocotlán, Jalisco, que desaparecieron en la zona carbonífera de Coahuila, y nueve técnicos de Nextel oriundos de Sinaloa. Iban a poner antenas en Nuevo Laredo y fueron por ellos de noche. Todos están desaparecidos.

Ni Pablo Escobar en sus mejores días

–La complicidad que documentas de los dos gobiernos panistas con el cártel de Sinaloa debe ser una apreciación muy incómoda para Calderón.

–Y es vox populi. Es tan incómoda que, ¿cuándo se ha visto que el presidente de la República, su secretario de Gobernación y parte de su gabinete salgan a decir que no favorecen a un cártel, sino que atacan a todos por igual?

–¿Qué consecuencias conlleva que un gobierno tenga un cártel consentido?

–Hay quienes creen que el gobierno debería llegar a un pacto, a una forma civilizada de poner límites al tráfico (de enervantes), pero con acuerdos. Eso es algo que se está discutiendo. Hay grupos del PAN o del gobierno que comparten esa visión. Por eso fortalecen a uno, para negociar con él. Yo creo que es un error.

–No serían los primeros. Históricamente, los gobiernos del PRI negociaban. Cada sexenio tenía su cártel protegido.

–Digamos que había acuerdos tácitos. Pero así como el PAN no sabe gobernar en rubros de la economía, del empleo, ni controla a los suyos para que no se roben el dinero público, tampoco sabe cómo enfrentar el problema del narco. Por tanto, cuando hay operaciones de limpieza lo que sale a relucir es la infiltración de la delincuencia en la Secretaría de Seguridad Pública federal, en la PGR, en el Ejército y hasta en la Marina.

“No es que pueda infiltrar, es que ya está adentro y tiene toda la información. Cuenta con ella El Chapo, cuyo cártel tiene presencia en 47 países de cuatro continentes. Ha pasado a surtir de 55 a 90 por ciento de toda la cocaína de Estados Unidos. Vaya, ni Pablo Escobar en sus mejores momentos.”