a 49 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se desarrolla en Campeche, se inició ayer en un clima particularmente difícil para una realidad bilateral de por sí compleja y desequilibrada. A las tradicionales problemáticas comunes en materia migratoria y de seguridad binacional –exacerbadas en el contexto de la guerra contra la delincuencia y la aprobación de la racista ley Arizona– se ha de sumar el desasosiego y la indignación generalizados por los asesinatos de Anastasio Hernández Rojas –en el cruce fronterizo de Tijuana y San Diego– y de Sergio Adrián Hernández –en el puente internacional Paso del Norte–, ambos a manos de policías fronterizos estadunidenses.

A pesar de la gravedad de la circunstancia, y no obstante las condenas expresadas la víspera por algunos de los legisladores de nuestro país, éstos no alcanzaron a recoger, en un pronunciamiento firme y conjunto y ante sus contrapartes estadunidenses, la dimensión del descontento social generado por estos sucesos ni las consecuentes demandas de esclarecimiento y castigo para los responsables. La propuesta formulada la víspera por el legislador panista Gustavo Madero –ausente en esta reunión– de manifestar explícita y simbólicamente la condena del Congreso mexicano mediante el uso de un moño negro fue desatendida por la generalidad de los legisladores de nuestro país que acudieron a la cita. Para colmo, en la sesión de ayer el acento principal en torno al asunto no provino de los representantes nacionales, sino de los estadunidenses: el senador demócrata Christopher Dodd pidió un minuto de silencio por las víctimas, expresó sus profundas condolencias por los asesinatos de referencia y ofreció una investigación abierta y transparente de este incidente, si bien llamó a no prejuzgar resultados.

La ausencia de una condena unívoca y firme por parte de los integrandes del Poder Legislativo de nuestro país resulta lamentable y preocupante en la medida en que revela una tibieza inaceptable de los legisladores ante un hecho que ha estremecido a la opinión pública nacional, y pone en relieve una ruptura creciente entre el conjutnto de la población y quienes formalmente ostentan cargos de representación popular. Dicha omisión, por lo demás, se vuelve tanto más desoladora si se toma en cuenta la poca firmeza con que ha reaccionado el Ejecutivo federal frente a los asesinatos referidos.

En suma, el arranque de la reunión interparlamentaria binacional arroja una perspectiva descorazonadora tanto para las relaciones entre ambos países como para la situación política y social al interior del nuestro, porque si los representantes populares se muestran incapaces de asimilar y transmitir el sentir generalizado de temor, zozobra e indignación de los ciudadanos ante hechos como los comentados, el conjunto de la sociedad pudiera enfrentarse, más temprano que tarde, al agotamiento de los cauces formales e institucionales para expresar y encauzar sus descontentos.