Roma, 11 de junio. La prensa italiana protestó hoy contra una ley que regula las escuchas policiales e impone multas a los medios que publiquen transcripciones. El diario izquierdista La Repubblica salió con su primera página en blanco, sin noticias, sólo con una pequeña nota amarilla que decía La ley mordaza negará a los ciudadanos el derecho a estar informados.

La ley, que pasó ayer el primer obstáculo con un voto de confianza en el Senado, es rechazada no sólo por la mayoría de los medios, sino también por jueces que dicen que dificultará su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Sacamos una primera plana en blanco para decir a los lectores que la democracia ha sido invalidada, dijo La Repubblica en un editorial de su director Ezio Mauro, quien agregó que la ley violenta el sistema democrático.

Corriere della Sera habló de un día negro para la justicia y L’Unita, el diario del mayor partido de la oposición, utilizó para su titular una tipografía que se usaba cuando el dictador Benito Mussolini gobernaba Italia con puño de hierro y controlaba los medios.

El primer ministro Silvio Berlusconi dice que la nueva norma es necesaria para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al gobierno de maniobrar para encubrir la corrupción con otra ley hecha a medida, tras aprobar otras normas para evitar su procesamiento mientras esté en el cargo.

El sindicato de periodistas ha convocado una huelga para el 9 de julio y prometió una resistencia total, indefinida.

Los partidos de la oposición dicen estar dispuestos a llevar su recurso al Tribunal Constitucional si la ley es aprobada en la Cámara de Diputados, lo que es previsible ya que la derecha tiene mayoría allí. La oposición de izquierda denunció la muerte de la libertad en Italia y el líder del Partido Democrático, Pierluigi Bersani, prometió dar batalla hasta el final.

La Stampa de Turín dijo que la ley pretende bajar el telón a la denuncia de escándalos y rechazó afirmaciones de Berlusconi de que protegería la privacidad. Il Fatto la llamó ley para criminales.

El proyecto de ley languideció en el Parlamento durante meses, pero el gobierno de Berlusconi la desempolvó luego que algunos periódicos publicaran transcripciones filtradas de una importante investigación de corrupción sobre contratos de obras públicas que ha afectado al gabinete de Berlusconi y llevó a dimitir al ministro de Industria, Claudio Scajola.

Los periódicos dedicaron hoy mucho espacio a los escándalos políticos, algunos en los que está implicado Berlusconi, y que no habrían sido descubiertos si la ley de medios estuviera en vigor.

Algunos magistrados, que planean su propia huelga contra la ley, dicen que muchos arrestos importantes, particularmente de fugitivos de la mafia, hubieran sido posibles sin la ayuda de las interceptaciones telefónicas.

Según el proyecto, los jueces pueden ordenar escuchas sólo si tienen serias evidencias de que se ha cometido un delito. Tendrían que ser aprobadas por un comité de tres jueces y el permiso estaría limitado a sólo 75 días. Las extensiones serían posibles sólo por periodos de tres días cada una. Asimismo, se necesitará autorización especial para intervenir los teléfonos de legisladores y sacerdotes.