Bogotá, 11 de junio. Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó hoy de histórica la sentencia de 30 años de prisión al coronel colombiano en retiro Alfonso Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la batalla que el ejército sostuvo en 1985 con la organización guerrillera M-19 por la recuperación del Palacio de Justicia en esta capital.

Expreso mi reconocimiento al Poder Judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia, señaló Pillay en una declaración difundida en Bogotá.

Pillay solicitó asimismo garantizar la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien recibió amenazas a raíz de su veredicto.

En el mismo sentido se pronunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocer que Jara fue amenazada por presuntos grupos armados al margen de la ley.

La reacción de Pillay fue difundida horas después de que el presidente Álvaro Uribe se inconformó con el fallo y anunció su intención de crear un proyecto de ley para proteger a las fuerzas armadas de acusaciones que desmoralizan a la tropa, dotándolas de prerrogativas procesales.

Sobre el proyecto de Uribe, el especialista de Amnistía Internacional en casos colombianos, Marcelo Pollack, dijo que blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos ante la justicia.

Los efectivos de las fuerzas armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y los juzgados del Poder Judicial, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.

Según Polack, la crítica destemplada del gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades por desacreditar al Poder Judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales.

Algunos militares colombianos han enfrentado acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como una alternativa de combate a las organizaciones guerrilleras.