La comisión especial para dar seguimiento al conflicto minero de la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que explique de dónde saldrán los 113 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal para reactivar Cananea, porque esos recursos no están contemplados en el Presupuesto de Egresos. Para dar una idea de lo desproporcionado de la cifra basta señalar que la partida anual de la UNAM es de 27 mil millones de pesos.

En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se informó ayer del punto de acuerdo que se impulsa para que el gobierno federal explique ¿de dónde sacará tantos miles de millones de pesos para favorecer a una sola empresa: Grupo México?, porque serían recursos públicos destinados a apoyar un consorcio, para que reactive su multimillonaria producción minera y doblegue a los trabajadores.

Jornada nacional de apoyo

Los sindicatos que integran esta central obrera acordaron, entre otras acciones, iniciar una jornada nacional en apoyo al sindicato minero, presentar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su rechazo a la agresión cometida por el gobierno de Felipe Calderón contra los mineros de Cananea y otras medidas, como el bloqueo de casas de los empresarios de Grupo México.

A su vez, en las cámaras de Diputados y Senadores, legisladores de PRI y PRD exigieron el retiro inmediato de las fuerzas policiacas de Cananea y una solución negociada al conflicto. El presidente de la comisión especial de seguimiento a los conflictos mineros, de San Lázaro, Miguel Pompa Corella, demandó pedir cuentas al secretario del Trabajo, Javier Lozano.

El diputado priísta advirtió que el funcionario debe explicar el origen de los 113 mil millones de pesos que, según anunció, se destinarán a la reconstrucción de Cananea, ya que no están incluidos en el presupuesto de este año. Lozano Alarcón planteó sólo espejismos para justificar el uso de la fuerza pública contra los mineros.

Pompa Corella se reunió ayer, antes de la sesión de la Comisión Permanente, con diputados y senadores del PRI, quienes respaldaron la propuesta de que se solicite el retiro de las fuerzas federales de Cananea y la instalación de una mesa de diálogo. Los diputados perredistas Agustín Guerrero y Ramón Jiménez advirtieron que en lugar de optar por las vías de la negociación, el gobierno federal y el secretario del Trabajo optaron por la represión, pero tanto los funcionarios responsables como el señor Germán Larrea deben saber que el país no es de su propiedad, que sus arbitrariedades contra los mineros han llegado al límite, y que los legisladores no podemos hacernos cómplices de semejante atropello.

Por su parte, el diputado Francisco Hernández Juárez informó en la UNT que la comisión especial para ver el asunto minero se reunió ayer para definir las acciones de apoyo a Cananea. Las propuestas son: presentar un punto de acuerdo para que comparezca el secretario de Hacienda, integrar una mesa de diálogo para que salgan las fuerzas policiales de la mina, enviar una caravana con miembros de todos los sindicatos hacia Cananea, así como diversos actos de movilización.

A su vez, el sindicato nacional de trabajadores mineros señaló que las liquidaciones ofrecidas a los trabajadores de Cananea son un engaño, ya que la mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad de 10 a 15 años y les piden que renuncien a toda una vida de trabajo y vuelvan aempezar de cero. Además van a perder tres años de salarios caídos y diversas prestaciones económicas de su contrato colectivo de trabajo, e incluso los quieren obligar a firmar con un sindicato blanco. Ello significa que Grupo México quiere liquidar barato y el secretario del Trabajo intenta hacer creer de nuevo que se trata de grandes finiquitos, cuando como en el caso del SME, se trata de lo mínimo.