Ciudad Victoria, Tamps., 9 de junio. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) condenó los actos de violencia y el uso desmedido de la fuerza de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que propiciaron las muertes de Anastasio Hernández Rojas, el pasado día 30 en San Diego, California, y del menor Sergio Adrián Hernández, el lunes en Ciudad Juárez.

Los 24 mandatarios estatales que asistieron al encuentro manifestaron además su rechazo a la ley Arizona, ya que si bien reconocen que debe respetarse el libre derecho de los gobiernos para promulgar y hacer valer sus normas, no podemos ser ajenos al carácter discriminatorio y racial de este ordenamiento, ya que se trata de una negación a una larga tradición binacional de defensa y consolidación de los derechos civiles.

Instaron además al gobierno federal a estar atento sobre el intento en otros estados del vecino país de promover leyes similares a la antimigrante promulgada en Arizona, con el propósito de frenarlas y evitar un clima de crispación entre ambas naciones.

Como parte de los acuerdos alcanzados por los mandatarios estatales durante la 39 reunión plenaria del organismo, tocó al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, dar lectura al pronunciamiento que condena los actos de violencia y uso desmedido de la fuerza por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la Conago exhortó a las autoridades federales a exigir mesura en el uso de la fuerza, de acuerdo con los tratados internacionales.

Exigió que la Federación promueva no sólo el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjeron ambos asesinatos, sino la aplicación de las sanciones correspondientes y la indemnización a las familias de las víctimas.

Los gobernadores expresaron preocupación por el surgimiento de hechos de violencia e incidentes en agravio de los connacionales que deben realizar labores de distinta índole en el lado mexicano de la franja fronteriza.

Los ataques, insistieron, parecieran inscribirse en un ámbito de intolerancia que alienta crímenes de odio, y se pronunciaron por que se privilegie el diálogo y el mutuo entendimiento como vía para fortalecer las relaciones entre ambos países.

El anfitrión del encuentro, Eugenio Hernández Flores, presentó una propuesta aprobada por los gobernadores tendiente a crear un programa que atienda la repatriación de connacionales por Estados Unidos, tema urgente y delicado para las entidades fronterizas.

Destacó que este tema tiende a agravarse por el endurecimiento de los controles de seguridad en la frontera estadunidense.

Mencionó que el año pasado México recibió más de 590 mil repatriados, mientras en 2010 serán más 700 mil, debido a la autorización del gobierno de Estados Unidos de una partida de mil millones de dólares para reforzar los controles en la línea divisoria.

El número de repatriados equivale a la totalidad de la población existente en Veracruz, Morelia o la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo. De esta magnitud es la presión demográfica, social y urbana que representa el problema para los puntos de repatriación en las ciudades fronterizas, entre las que destacan Tijuana, Mexicali, Nogales y Nuevo Laredo, subrayó.

Esta inquietante situación se agrava cuando miles de los repatriados son menores de edad y llegan al país en condiciones de enfermedad, maltrato, sin dinero y con un estado anímico bajo, por lo que es imperante un programa que impida que la delincuencia organizada aproveche la situación de vulnerabilidad de los deportados, abundó.

El mandatario de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, propuso la creación de un programa más; éste para garantizar la seguridad de los mexicanos que transitan en periodos vacacionales por las carreteras del país. Las propuestas se llevarán ante el Congreso para su procesamiento.