Madrid, 8 de junio. Los burócratas españoles –algo más de 2 millones y medio de personas– fueron convocados este martes a una huelga general de funcionarios ante el drástico plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró que la protesta había tenido un alcance limitado. Los sindicatos, en cambio, calificaron de éxito la jornada, al asegurar que se había registrado un seguimiento de 75 por ciento, frente a 11 por ciento que sostiene la administración central.

El plan de ajuste aprobado en el Congreso de los Diputados y presentado por el gobierno socialista busca reducir el déficit público ante el deterioro paulatino de la economía española, que en estos momento se encuentra con la mayor tasa de desempleo de su historia, con algo más de 22 por ciento, lo que significa más de cuatro millones y medio de personas. Rodríguez Zapatero diseñó un plan de ajuste con el que pretende ahorrar a las arcas públicas algo más de 14 mil millones de euros, básicamente con una reducción de 5 por ciento del salario de los burócratas, la congelación de las pensiones y un recorte en la obra pública de más de 6 mil 500 millones de euros.

La reducción de 5 por ciento del salario a los funcionarios públicos afectó a prácticamente todas las instituciones públicas; desde el Ejecutivo, que decidió reducir sus ingresos 15 por ciento, hasta los parlamentarios, los jueces y los funcionarios locales y autonómicos. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), anunciaron el inicio de las movilizaciones, precisamente con la jornada de hoy, pero que pretende continuar en las próximas semanas hasta, quizá, una huelga general. Todos los ojos del movimiento obrero están puestos no sólo en las nuevas medidas que adoptará el gobierno para luchar contra la crisis, sino de manera destacada en la reforma laboral que, en caso de que no haya consenso entre los trabajadores y los empresarios, se aprobará por decreto. El gobierno ya anunció que iba a abaratar el despido, lo que soliviantaría aún más los ánimos del movimiento obrero y sindical.

En la jornada de huelga de hoy hubo seguimientos dispares y guerra de cifras, como es habitual. Mientras que CCOO y UGT hablaban de un seguimiento superior a 75 por ciento, y señalaban que las tres comunidades con más burócratas en huelga habían sido Andalucía, Madrid y Valencia, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, situó el seguimiento en 11.85 por ciento.

Según los sindicatos convocantes, alrededor de 60 por ciento del personal de las instituciones sanitarias públicas secundaron el paro, mientras que la cifra giró en torno a 70 por ciento en el sector de la enseñanza. El personal universitario fue el más implicado, con 90 por ciento de participación (70 por ciento del profesorado de educación secundaria; 60 por ciento en primaria; 50 por ciento en los centros concertados; 70 por ciento del personal de los servicios educativos y complementarios).

En los órganos de justicia las cifran son notablemente menores, pues en el Tribunal Supremo únicamente 15 funcionarios de 600 siguieron la huelga; y en el Consejo General del Poder Judicial, el seguimiento ha sido de 5.4 por ciento; es decir, de 582 efectivos únicamente se fueron a la huelga 30 personas. En el Congreso, sólo 5 por ciento de trabajadores siguió la huelga. También hubo manifestaciones en Madrid (mil 500 personas), Sevilla (mil manifestantes) y Barcelona, donde además se bloqueó durante más de cuatro horas una arteria vial de la ciudad. El único incidente destacable se registró en Logroño, donde hubo un altercado entre sindicalistas que terminó con cuatro heridos leves.