Número 167
Jueves 3 de junio
de 2010


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Embarazada por cuarta vez a los 23 años de edad, consumidora de drogas hasta el octavo mes de gestación, habitante del cruce de Artículo 123 y Humboldt en el Distrito Federal, mujer con “altos niveles” de desnutrición e indocumentada en su propio país luego de una década de sobrevida a la intemperie, así estaba Lupita cuando la conoció Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol, organización no gubernamental que trabaja con personas en situación de calle.

El también psicólogo cuenta que integrantes de esta asociación civil llevaron a Lupita al Hospital Materno Infantil Inguarán, certificado como “Amigo del niño y de la madre” en 1993 por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Sin ultrasonido y exámenes de laboratorio, el médico la citó en un mes. No consideró los peligros latentes por el estilo de vida de la paciente, quien a tres semanas de concluir los 280 días de preñez, no había recibido las cinco consultas prenatales establecidas “como mínimo” y cuando hay “bajo riesgo” en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 sobre Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido.

Apoyada por activistas, el 27 de julio de 2009 Lupita interpuso una demanda de amparo. Su abogado, Javier Cruz Angulo, de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, narra en entrevista que el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en el DF, ordenó, mediante una suspensión, que el hospital perteneciente al gobierno capitalino le brindara la atención, conforme dicta la NOM 007, la Ley General de Salud y el artículo 4 de la Constitución.

Tras presentar la suspensión a los servidores públicos de Inguarán, “mágicamente todo cambió”: revisaron a la mujer callejera y consideraron que debía dar a luz urgentemente. El bebé nació sin complicaciones. De acuerdo con el abogado, se hizo justiciable el derecho a la salud de Lupita y su hijo, quienes estaban en riesgo y necesitaban atención médica de manera prioritaria. La decisión judicial en esta ocasión sirvió “para mucho más que amparar borrachos del alcoholímetro, tratar amparos fiscales a principios de año o evitar la clausura de antros”.

Según Angulo, el hospital de Inguarán registra condiciones “paupérrimas”. A Lupita se le negó el ultrasonido con el pretexto de que el encargado de realizarlo estaba de vacaciones; mientras que frente al nosocomio hay un negocio particular, el cual efectúa diversas pruebas de laboratorio. Letra S constató que los precios fluctúan entre 210 y mil 299 pesos. En la entrada del hospital, un letrero sentencia: “la adquisición del material para cirugía o curación es libre. No está sujeta a un solo establecimiento. Hágalo en su lugar de preferencia”. En realidad, los más pobres no gozan de la gratuidad presumida por la publicidad gubernamental, critica el especialista en derechos humanos.

Funcionarios de Salud no pueden emitir opiniones”
Este suplemento solicitó a la Secretaría de Salud (Ssa) del DF dos entrevistas, una con el fin de conocer la versión de Hugo Pulido Olivares, director del hospital de Inguarán, y otra para platicar de las acciones de la administración local respecto a maternidad callejera. La oficina de comunicación de la dependencia, mediante una respuesta enviada a la redacción vía correo electrónico, refiriere a este medio al Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), autoridad facultada para hablar del tema “de una manera más completa, puntual y a detalle”.

En cuanto al litigio, la dependencia capitalina informa que el pasado 14 de enero, el Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa negó a Lupita el amaparo 1094/2009; no obstante, la parte acusadora promovió un recurso de revisión el 9 de febrero de 2010. Entonces, “por tratarse de un procedimiento jurídico que aún está en proceso y en estricto apego a la ley, los funcionarios de la Ssa-DF no pueden emitir opiniones sobre el caso, sino hasta que éste haya sido resuelto definitivamente y se agoten las instancias de recurrencia”.

Letra S además pidió una entrevista a la Ssa federal. En la oficina de atención a la prensa inicialmente señalaron que sería el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida quien hablaría del asunto, lo cual se objetó, pues el contenido medular de la conversación solicitada era “salud reproductiva de poblaciones callejeras”. Así, se acordó que el diálogo se efectuaría con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Al final, la dependencia calderonista consideró que ningún funcionario podría abordar el tema por el momento, puesto que si bien había un proyecto presupuestal en la materia, éste se encontraba atorado en la Cámara de Diputados, donde negaron su existencia a este medio de comunicación.

Negado el derecho a ser madres
“Vamos a charolear para los pañales de nuestros bebés, y la gente nos ve feo, con asco, como las mugrosas. Nos dan cosas echadas a perder, lo que les sobra, hasta basura comemos. Pinches policías, nos pegan, nos violan. No es sociedad, es suciedad con un presidente de mierda”, refiere Emilia, quien a los 15 años de edad quedó encinta. Fue hace tan sólo un lustro, cuando 21 por ciento de los partos atendidos en el país se llevó a cabo en menores de 20, y de las defunciones maternas registradas, 13 por ciento ocurrió en adolescentes, según el Programa Nacional de Salud 2007-2012.

El Diagnóstico de Derechos Humanos del DF dice que además de las violaciones en materia de salud sexual y reproductiva, a las mujeres sin techo se les niega la maternidad, bajo el argumento de que la pobreza las hace incapaces de ejercerla. Las y los hijos de las callejeras son sustraídos de sus familias por medio de la fuerza, lo cual, va en contrasentido a la Convención de los Derechos del Niño. A Lupita, por ejemplo, le advirtieron: “cuando te dejes de drogar te los dejamos ver”.

El Programa de Derechos Humanos del DF insta a la modificación del artículo 492 del Código Civil local, cuyo contenido considera a las personas indigentes como incapaces de ser padres: “La ley coloca a los menores en situación de desamparo bajo la tutela de la institución autorizada que los haya acogido… Se considera como situación de desamparo, la que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la patria potestad, tutela o custodia de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia material o moral”.

Víctimas de “deficiencias” hospitalarias: IASIS
Con el fin de hacer cumplir el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 19 de mayo pasado se instaló la Mesa de Poblaciones Callejeras en la sede del gobierno capitalino, donde el Secretario de Desarrollo Social local, Martí Batres Guadarrama, aseveró que según la encuesta realizada durante la Campaña de Invierno 2009-2010, las cuatro razones que llevan a las personas a vivir a la intemperie son: desintegración familiar, adicción a las drogas, violencia familiar y desempleo.

El funcionario mencionó en entrevista que la dependencia a su cargo tiene programas de prevención y cuidado de la salud sexual y reproductiva en poblaciones callejeras, a través del IASIS, que en sus albergues atiende a cerca de 3 mil personas, con un presupuesto de aproximadamente 60 millones de pesos anuales y 7 adicionales durante la campaña invernal. “Es mucho mejor tener políticas de reinserción social que armas, uso del ejército y policías”.
César Cravioto, director del IASIS, comentó a Letra S que los 10 Centros de Asistencia e Integración Social en el DF, en coordinación con organizaciones civiles, ofrecen a las personas de la calle, “espacios adecuados” para ejercer su sexualidad de manera libre y responsable.

No obstante el “convenio macro” signado con la Ssa-DF, así como “la muy buena disposición” de su titular, Armando Ahued, “hay problemas” para que las personas callejeras sean atendidas en los hospitales de la ciudad, reconoció Cravioto. “Hay deficiencias. No lo enfocaría a que hay violaciones, diría que hay cosas que se tienen que mejorar. A veces llega un chavo y el responsable de tal o cual área no lo quiere recibir. Entonces llamamos a la oficina del secretario (de Salud), y luego luego se destraba. Allanamos el camino para que sea más eficiente el trato”.

“Niños de la calle”, concepto asexuado y asistencialista
Para Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, la instalación de la Mesa de Poblaciones Callejeras “es como una puertita que la podemos hacer grande si queremos”. Hay “intención” por parte del gobierno del DF y “urgencia” desde las organizaciones por concretizar las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos.

Es necesario cambiar la política pública de la ciudad. El IASIS, por ejemplo, desde su nombre “no tiene razón de ser”, puesto que alude a la asistencia y no a la promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía de las personas sin techo, sostiene el activista.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, si bien apuntala que la infancia sin techo pertenece a los “grupos vulnerables”, también insinúa que la delincuencia se “ha apoderado” de baldíos, parques y aceras, sitios que es necesario “limpiar” en nombre de la “convivencia sana”.
Hernández juzga que en el fondo impera la discriminación institucional. Desde los gobiernos, sólo se asume el concepto asexuado y asistencialista de “niños de la calle”, y por ende, se niega la existencia de familias sin casa. Aunado a esto, quienes han hecho de la vía pública su morada, son percibidos como criminales.

El caso de Lupita, que de acuerdo con el abogado Angulo podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidencia no sólo la criminalización y feminización de la pobreza, además coloca sobre la agenda de derechos humanos la necesidad de reconocer a las poblaciones callejeras como “protagonistas del cambio” en México, opina el director de El Caracol.

SU B I R