Buenos Aires, 29 de mayo. La residencia de la directora del periódico y grupo mediático Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue allanada por policías y agentes de la fiscalía para obtener material genético de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe, que permita cotejar sus muestras con las depositadas en el Banco Nacional Genético de Datos, donde están registradas las pruebas de centenares de familias que buscan a hijos de ciudadanos desaparecidos, apropiados por los militares durante la pasada dictadura de 1976 a 1983.

La incursión de las autoridades fue ordenada por la magistrada federal Sandra Arroyo, después de que Marcela y Felipe se negaron a que su información genética fuera comparada con más de dos muestras del Banco Nacional Genético de Datos.

La negativa a que se cumplimentara la orden de la justicia fue expresada por los jóvenes a los funcionarios durante una audiencia celebrada en la fiscalía responsable de las pesquisas.

Esta reunión se realizó después de reiteradas sentencias que dejaron firme la decisión de una instancia judicial federal, que previamente aprobó el procedimiento para determinar si ambos jóvenes fueron arrebatados a sus padres durante la dictadura militar argentina.

Conocer la verdad, objetivo

El objetivo de esta fiscalía es conocer la verdad, y la verdad solamente la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante, sino con todas las muestras que hay en el banco, dijo a los medios la fiscal Rita Molina.

El diario Clarín publicó este sábado afirmaciones de Roxana Piña, que forma parte del equipo de abogados de Herrera Noble, en el sentido de que el operativo de la policía y la fiscalía constituyó una inaudita persecución.

Marcela dijo a su vez que durante las acciones policiales no se preservó nuestra intimidad y que la requisa se ordenó de manera vejatoria.

En un comunicado entregado a los medios de comunicación, la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que ha sido el principal símbolo de la lucha por hacer justicia a los familiares de asesinados y desaparecidos de la dictadura castrense, consideró inexactas las versiones difundidas sobre el encuentro con los jóvenes en la fiscalía, donde la titular de la dependencia les explicó que la investigación, que lleva nueve años, no puede depender de su voluntad, pues se encuentra en juego el derecho a la verdad y la obligación de investigar delitos de acción pública.