n vísperas del inicio de su periodo ordinario de sesiones, que se desarrollará a partir de hoy en Brasilia, y en el contexto de un crecimiento notable de los índicies de desigualdad en la región a partir de los descalabros económicos y financieros recientes, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) presentó un informe (La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir) en el que se resalta la necesidad de un fuerte papel del Estado en el desarrollo económico y el combate a los rezagos sociales.

El documento hace eco de las advertencias formuladas en las últimas décadas, recuperadas en meses recientes por distintos actores políticos, sociales y académicos a escala nacional e internacional: el modelo económico adoptado en la década de los 80 del siglo pasado por la mayor parte de los gobiernos de la región, que preconiza un adelgazamiento del Estado y la liberalización y apertura indiscriminada de los mercados a los capitales foráneos, no ha contribuido a superar los inveterados rezagos sociales de las naciones latinoamericanas; ha fomentado, en cambio, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y, bajo el equívoco supuesto de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, ha colocado a las poblaciones a merced de fuerzas que –hoy es meridianamente claro– no se regulan a sí mismas, sino que son moldeadas por los capitales más poderosos.

En el caso de México, las conclusiones del reporte de la Cepal son particularmente significativas por cuanto aparecen cuando el gobierno federal se empeña aún más en continuar y profundizar el ciclo de políticas neoliberales; así lo demuestran, entre otros elementos, el intento gubernamental de entregar a manos privadas –locales o foráneas– parcelas enteras de la soberanía nacional, y el designio de adecuar la Ley Federal de Trabajo a los intereses empresariales, aunque ello implique una precarización adicional de las condiciones de vida de los trabajadores, sector de por sí castigado por la aplicación de medidas de contención salarial, por la transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a corporaciones financieras privadas, y por el aniquilamiento de conquistas sindicales y de mecanismos de bienestar.

A estas alturas tendría que ser evidente que la profundización del modelo neoliberal no puede tener un efecto distinto al que ha tenido hasta ahora: el hundimiento del país en una brecha mayor de pobreza y desigualdad. Como señala el informe de la Cepal, la reactivación económica y el combate a los rezagos sociales requieren de un cambio en el paradigma económico que se ha seguido a rajatabla por las recientes administraciones, incluida la actual, y que ha sido dictado, principalmente, por los organismos financieros internacionales y los capitales trasnacionales: en ese cambio se debe incluir una recuperación del papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social, y como corrector de los vicios y desviaciones del mercado, que se expresan cíclicamente en los periodos de crisis y aun en los lapsos de relativa estabilidad económica.

En suma, hoy más que nunca es necesaria la recuperación de mecanismos de redistribución de la riqueza, la concepción de nuevos instrumentos para combatir la desigualdad, y el abandono de directrices que, en los últimos cinco lustros, han significado un despojo a la población en términos de derechos básicos, educación, salud, trabajo y poder adquisitivo, y una renuncia inaceptable a las soberanías nacionales.