Opinión
Ver día anteriorJueves 27 de mayo de 2010Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Ciudad Perdida

La rentabilidad de la práctica médica

Falta voluntad política a gobernantes

L

a trágica escena que se vivió el martes pasado durante el foro sobre Seguridad y Justicia, cuando un hombre, con su pequeño hijo en brazos, exigió a los gobernadores allí reunidos justicia para su familia, y en especial su hijo, cuya salud fue quebrantada por la ineficiencia de los médicos que lo intervinieron quirúrgicamente por una obstrucción de la uretra, bien merece una reflexión.

No es posible restar ni un ápice de dramatismo a aquel momento, pero la denuncia, que hizo que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, abandonara el foro para atender al demandante, no es más que una muestra extrema de uno de los más graves problemas que vive el país.

El sistema de salud del Estado, como todos los servicios que el gobierno debe a sus ciudadanos, fue intencionalmente abandonado por los gobiernos neoliberales que se han instalado desde hace más de un cuarto de siglo, para entregarlo a particulares, que han hecho de la salud, o de la muerte, uno de los negocios más productivos.

La medicina se ha mercantilizado de tal manera que para buena parte de los médicos lo importante no es, de ninguna manera, devolver la salud a quien la ha perdido, sino las posibilidades económicas del enfermo o su familia, para cubrir los gastos incontrolables que se les imponen.

Siempre que existan posibilidades financieras, quien ha perdido la salud puede tener asegurado un buen trato, y hasta el remedio requerido, claro, siempre según la cartera. En caso contrario el enfermo debe sufrir esperas, muchas veces mortales, para que un facultativo lo atienda, para que se le den los medicamentos necesarios, cuando los hay, o para recibir un diágnostico certero sobre su padecimiento.

En síntesis, el sistema de salud gubernamental es, tal vez, el mayor fraude en contra de la ciudadanía, y cada día se pudre más, mientras el negocio de la medicina particular es cada vez más rico.

De esa forma, la reacción de Ebrard es a todas luces un acto de conciencia, de justicia que muestra, en el mejor de los casos, la sensibilidad de un político que no quiere quedar al margen de una población que urge de la atención de los gobernantes.

La necesidad de revisar no sólo el sistema de salud del gobierno, sino la red de usura que significa la estructura hospitalaria privada en el Distrito Federal, y en todo el país, es un clamor que se extiende por todos lados.

El colmo se expresa cuando se cae en la cuenta de que los médicos que atienden en los nosocomios públicos canalizan la consulta de los más pobres a los despachos particulares, según dicen, para profundizar en el estudio del padecimiento, porque el sistema del Estado no les permite el tiempo para realizar los análisis requeridos.

Buscar las formas de frenar ya esta injusticia debería ser una de las asignaturas principales de los gobiernos. Ebrard mostró el martes pasado que un funcionario, en esta época, sí puede indignarse ante una situación como la que enfrentó, y aunque hay avances en materia de salud en la ciudad de México (como la red Ángel), hace falta poner orden entre los médicos que abusan de las condiciones precarias de salud de buena parte de los habitantes del Distrito Federal, y desde luego de su situación económica, porque, además de lo que cobran, no son capaces, en casi todas las veces, de dar recibos de honorarios.

Lo malo es que poner orden y otorgar justicia son dos líneas que no se atreven a trasponer los políticos de este país. Ni modo.

De pasadita

La Asamblea Legislativa meterá en su agenda para el periodo extraordinario la reposición del magistrado que hace falta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Se dice que son dos mujeres las que tienen mayores posibilidades de ocupar el espacio. Lo malo es que una responde a los intereses de René Bejarano, y otra lleva recomendación del gobierno central.

Malo, que la decisión se incline hacia un lugar u otro, porque la justicia electoral no debe estar supeditada a ningún otro interés que no sea el de la honestidad. ¿Qué no habrá quien, lejos de esos intereses, pueda ocupar el puesto? Ya veremos.